Cinco horas de reunión no fueron suficientes para que Govern y Podemos cerraran el acuerdo para resolver el lío de los pisos turísticos. Con la negociación desbloqueada desde el jueves, ayer debía ser el día en que hubiera fumata blanca para modificar vía decreto ley la nueva regulación del alquiler turístico en las islas. Sin embargo, tras su encuentro, el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, y los portavoces de Podemos no pasaron de hablar de "principio de acuerdo". A falta de cerrar los últimos detalles, Barceló confió en aprobar el decreto ley el próximo viernes y empezar a sancionar la oferta ilegal antes de que acabe el verano.

Lo que a estas alturas está claro es que el acuerdo pasará por dejar el alquiler turístico de pisos en manos de los consells, tal y como quería el Govern, a cambio del compromiso de prohibirlo en Palma y en la isla de Eivissa. Además, el decreto ley que devolverá el artículo 49 incorporará el concepto de "emergencia habitacional" que exigía Podemos y que se desarrollará en un decreto de la conselleria de Territorio y Vivienda. Así lo confirmaron ayer tanto Barceló como Laura Camargo y Alberto Jarabo. "Hay un acuerdo prácticamente cerrado para recuperar la congruencia de la ley e incluir la emergencia habitacional. Los próximos días cerraremos el texto y el compromiso es que el decreto se apruebe el próximo viernes", explicó Barceló.

¿Qué falta para cerrar el acuerdo? No está claro. Para Barceló lo único que falta es "concretar jurídicamente el texto". Sin embargo, según el líder de Podemos, Alberto Jarabo, después de la abstención del PSIB en la votación con la que Cort se comprometió a prohibir el arrendamiento de pisos en la capital, "todavía se tiene que aclarar la postura de Palma".

Multas, pendientes del acuerdo

Mientras Podemos da su bendición a resolver el caos desencadenado por su desmarque en la votación de la nueva regulación, lo que sigue en el aire son las sanciones previstas en la norma de hasta 40.000 euros para los propietarios que oferten sus casas a turistas ilegalmente y de hasta 400.000 para las plataformas tipo AirBnb que las publiciten online.

Barceló señaló ayer que en el momento en que se recupere la modificación del artículo 49 que incluye a los pisos en la ley y que tumbaron PP, Podemos y Ciudadanos, se estará en disposición de empezar a sancionar. Y, según el vicepresidente y conseller de Turismo, eso será posible desde que se publique en el Boletín Oficial (BOIB) el anunciado decreto ley.

Lo que ya no depende de esta negociación es la moratoria de nuevas licencias de todo tipo de alquiler turístico durante un año, hasta que los consells insulares y el ayuntamiento de Palma establezcan las zonas donde se podrá y no se podrá alquilar a turistas.