En el debate del estado de la comunidad de 2013, un iracundo Biel Barceló descargó su artillería sobre José Ramón Bauzá. Después de tildarlo de iluminado y cínico, le asestó el golpe de gracia, al acusarlo de "gobernar con autoritarismo, a golpe de decreto ley".
Aun admitiendo que el último PP batió las plusmarcas mundiales de las leyes sin gestación parlamentaria, y que el Pacto no superaría dicha cifra ni aprobando un decreto ley semanal, Barceló ha tenido que recurrir a la figura "autoritaria" a fin de remendar más que enmendar su desmedrada norma para sujetar el alquiler turístico. En realidad, para desenfrenarlo.
La norma clave de la tercera legislatura alterna progresista se decidirá "a golpe de decreto ley", con la rúbrica del vicepresidente que censuró ese método. Un "cínico" remataría que no cabía esperar otro comportamiento, dada la emulación previa del PP en la contratación a dedo del jefe de campaña de Més.
La hiperactividad sobrevenida en torno al alquiler turístico pretende oscurecer el episodio de los contratososcurecer el episodio de los contratos, pero no por ello peca de afortunada. La zonificación de trazo grueso ahora esbozada debió consultarse previamente con los cinco magistrados de la sala de lo contencioso de lo Tribunal Superior, árbitros definitivos del mapa de Mallorca por razones nunca suficientemente esclarecidas.
El TSJ canario ya arruinó la zonificación en aquella comunidad, y su hermano balear acumula las sentencias en contra del Govern democráticamente elegido, en particular si tiene el pecado original de ser de izquierdas. Antes de la sentencia inescrutable, la izquierda mallorquina promueve el mayor atentado contra la integridad de la isla. En lugar de saturar las zonas ya congestionadas, propaga el alquiler turístico a las escasas regiones no contaminadas turísticamente, y que según los ecologistas en el poder se debían salvaguardar a rajatabla.
