27 de julio de 2017
27.07.2017
'Toros a la balear'

El Constitucional suspenderá la prohibición de matar al toro en las corridas de Balears

El recurso de Rajoy dejará sin efecto los 'toros a la balear' hasta 2018 - Después el veto volverá hasta que el alto tribunal dicte sentencia

26.07.2017 | 21:44
Cartel de las corridas de hoy y del jueves en la plaza de toros de Palma.

El recurso judicial de Rajoy permitirá la muerte del toro en las corridas de Balears hasta 2018. La impugnación del Gobierno central a la regulación taurina aprobada el martes en el Parlament balear supondrá, de forma automática, que la ley quede suspendida, al menos, cinco meses. A falta de que la norma entre en vigor en las próximas semanas y que Madrid formalice el anunciado recurso de amparo al Tribunal Constitucional, la suspensión se prolongará hasta el año que viene. No obstante, en lo que queda de año no hay corridas previstas más allá de la programada esta noche y la del próximo jueves, que, al no haber entrado todavía en vigor la nueva regulación balear, podrán acabar con la muerte del toro.

El lunes, PSIB, Més y Podemos sacaron adelante una nueva regulación para las corridas de toros en las islas, que impide herir o matar al animal, que esté más de diez minutos en el ruedo y el uso de espadas, banderillas o cualquier otro utensilio punzante. Con una velocidad insólita en los tempos de la administración central, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzos, comunicó apenas 24 horas después de aprobarse la norma, que los denominados toros a la balear "invaden competencias del Estado", razón por la que el Gobierno central recurrirá al Constitucional.

Los partidos de las islas ya tenían asumido el recurso y recibieron el anuncio de Madrid con "tranquilidad", toda vez que han tenido muy presente la jurisprudencia del Constitucional sobre la regulación de la tauromaquia. Sin embargo, según alerta el catedrático en Derecho Constitucional, Joan Oliver Araujo, el artículo 161 de la Constitución, que da potestad al Gobierno central para recurrir las normas autonómicas, establece la suspensión automática durante cinco meses de las leyes recurridas ante el alto tribunal.

La impugnación anunciada no podrá hacerse efectiva hasta que los llamados 'toros a la balear' entren en vigor con su publicación en el boletín oficial (BOIB). Sin embargo, una vez en vigor y recurrida la regulación, quedará sin efecto, y por lo tanto seguirá sin estar prohibido el maltrato y muerte del toro en las plazas de Balears. Al menos, hasta 2018.

La prohibición volverá en 2018


Pasados los cinco meses, detalla Oliver Araujo, la Constitución deja en manos del alto tribunal si prolonga o no la suspensión hasta que haya sentencia, algo que el catedrático no prevé "antes de dos años". "Y solo si hay presión del lobby taurino o animalista", que si no, recuerda, "otras leyes han estado recurridas durante más de cinco y seis años". Para Araujo, una vez pasados los cinco meses "la suspensión deberá levantarse, ya que solo se prolonga si se considera que la ley produce un daño irreparable y aquí no existe ese daño", considera el catedrático, que avanza que, pasado este tiempo, la muerte del toro en las corridas del archipiélago volverá a estar prohibida hasta que el Constitucional se pronuncie, lo que no será antes de dos años.

Mínimo dos años para el fallo


¿Y qué dirá el Constitucional? Aquí Oliver Araujo admite que entra en la interpretación. Para él, "la ley está en el límite de la constitucionalidad". "La sentencia sobre Cataluña estableció que la comunidades no podían prohibir pero sí regular, ahora el debate estará en qué es regular. ¿Regular los horarios, las medidas de seguridad y la entrada de menores o regular el contenido de la fiesta?". Precisamente, a eso se agarran en las islas PSIB, Més y Podemos, a que la sentencia que tumbó la medida en Cataluña, falló que no se podía prohibir pero sí regular.

Al final, el catedrático cree que la medida, aprobada por un parlamento elegido democráticamente, "dependerá de si a los magistrados les gusta o no los toros".

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, afirmó ayer en declaraciones recogidas por Europa Press, que la argumentación que hace el Gobierno central para recurrir la nueva ley, "no es jurídica, sino que es muy política". "Ojalá fuese tan rápido para pagar las deudas con el Govern", añadió por otra parte la presidenta balear por la celeridad del anuncio. Armengol apuntó que la cámara autonómica "ha apostado por hacer una normativa que pudiese precisamente adaptarse a la normativa estatal, sin excederla", y que hiciese posible "un compromiso electoral claro: que en el siglo XXI no se permita la tortura a los animales", sentenció.

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