El recurso de Rajoy suspenderá los toros sin sangre ni muerte hasta 2018. La impugnación del Gobierno central a la regulación taurina aprobada el martes en Baleares supondrá, de forma automática, que la ley quede suspendida, al menos, cinco meses. A falta de que la norma entre en vigor en las próximas semanas y que Madrid formalice el anunciado recurso de amparo al Tribunal Constitucional, la suspensión se prolongará hasta el año que viene. No obstante, en lo que queda de año no hay más corridas previstas que las dos programadas, mañana y el próximo jueves 3, que podrán acabar con la muerte del toro al no haber entrado todavía en vigor la nueva regulación balear.
Este extremo lo confirma el catedrático en Derecho Constitucional, Joan Oliver Araujo. Según explica, el artículo 161 de la Constitución, que da potestad al Gobierno para recurrir las normas autonómicas, establece la suspensión automática durante cinco meses de las leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional. La impugnación anunciada no podrá hacerse efectiva hasta que los llamados 'toros a la balear'aprobados el lunes por PSIB, Més y Podemos en el Parlament entren en vigor con su publicación en el boletín oficial (BOIB). Sin embargo, una vez en vigor y recurrida la regulación, quedará sin efecto, y por lo tanto seguirá sin estar prohibido el maltrato y muerte del toro en las plazas de Baleares. Al menos, hasta 2018.
Pasados los cinco meses, detalla Oliver Araujo, la Constitución deja en manos del alto tribunal si prolonga o no la suspensión hasta que haya sentencia, algo que el catedrático no prevé "antes de dos años, y solo si hay presión del lobby taurino o animalista", sino recuerda, "otras leyes han estado recurrida durante más de cinco y seis años". Para Araujo, una vez pasados los cinco meses "la suspensión debe levantarse ya que solo se prolonga si se considera que la ley produce un daño irreparable. Aquí no hay ese daño", considera el catedrático, que avanza que, pasados estos cinco meses, la muerte del toro en las corridas de Baleares volverá a estar prohibida hasta que el Constitucional se pronuncie.
"Dependerá de si a los magistrados les gusta o no los toros"
¿Y qué dirá el Constitucional? Aquí Araujo admite que entra en la interpretación. Para él, "la ley está en el límite de la constitucionalidad". "La sentencia sobre Cataluña estableció que la comunidades no podían prohibir pero sí regular, ahora el debate estará en qué es regular. ¿Regular los horarios, las medidas de seguridad y la entrada de menores o regular el contenido de la fiesta?". Con todo, el catedrático cree que la medida, aprobada por un parlamento elegido democráticamente, "dependerá de si a los magistrados les gusta o no los toros".
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha afirmado hoy que la argumentación que hace el Gobierno central para recurrir la nueva ley, "no es jurídica, sino que es muy política", y ha añadido que "ojalá fuese tan rápido para pagar las deudas con el Govern", según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. En rueda de prensa, Armengol ha explicado que la Cámara autonómica "ha apostado por hacer una normativa que pudiese precisamente adaptarse a la normativa estatal, sin excederla", y que hiciese posible "un compromiso electoral que es muy claro: que en el siglo XXI no se permita la tortura a las animales", ha recalcado.
