La fórmula de los toros sin sangre ni muerte no ha convencido al Gobierno de Mariano Rajoy. Menos de 24 horas después de ver luz verde en el Parlament, los denominados 'toros a la balear' ya van camino del Constitucional. Con una celeridad insólita en los tempos de la administración central, el secretario de Estado de Cultura comunicó ayer por la mañana que el destierro del maltrato de las plazas de toros "vulnera la Constitución". Según Madrid, la norma "invade competencias del Estado".
Este lunes, PSIB, Més y Podemos sacaron adelante una nueva regulación para las corridas de toros, con la que se impide herir o matar al animal, que el astado este más de diez minutos en el ruedo y el uso de picas, espadas, banderillas o cualquier otro utensilio punzante. Antes de que hubiera transcurrido un día y sin que la norma todavía haya entrado en vigor -lo hará en las próximas semanas cuando se publique en el Boletín Oficial (BOIB)-, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, informó a la consellera de Cultura del Govern, Fanny Tur, según informó el propio Ministerio de Educación y Cultura, de que la nueva regulación se llevará al Tribunal Constitucional. Benzo, que se reunió también con la Fundación Toro de Lidia, señaló que "es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquiagarantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural".
El Gobierno ya alertó al Govern balear el pasado verano de que la norma, en aquel momentos en tramitación, podía "entrar en conflicto" con la ley estatal al ser de "difícil encaje". Ahora, Madrid se agarra a la sentencia del Constitucional que tumbó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, aprobada el año 2010.
El secretario de Estado trasladó ayer a la consellera de Cultura que "las Cortes Generales aprobaron hace cuatro años la ley que regula la tauromaquia como patrimonio de todos los españoles" y que el Constitucional "confirmó que la competencia es del Estado".
"Ninguna sorpresa"
No obstante, la sentencia que afecta a Cataluña ha estado muy presente en la redacción de la ley balear. De hecho, los partidos promotores de la iniciativa llegaron a paralizarla para reformularla y adaptarse a la jurisprudencia del alto tribunal sobre los toros.
El Constitucional sentenció en su fallo sobre la prohibición de toros en Cataluña, que, al estar declarados patrimonio cultural, la prohibición del festejo invadiría competencias del Estado. Sin embargo, el alto tribunal concedía que las comunidades autónomas sí tienen competencias para regular espectáculos taurinos. Un resquicio que han aprovechado los partidos del Pacto en las islas para impedir el maltrato y muerte del astado en las plazas, así como prácticas inherentes al festejo.
Los partidos del Pacto ya asumían que el Gobierno de Rajoy acabaría cumpliendo sus amenazas de llevar la norma al Constitucional. Por ello, en la elaboración de la ley han tenido muy presentes los argumentos del Constitucional para tratar de evitar una sentencia en contra que deje sin efecto la prohibición de matar al toro. "Estamos muy tranquilos, porque la ley está argumentada jurídicamente", manifestó ayer la diputada de Més y promotora de la ley, Margalida Capellà. "No es ninguna sorpresa. Sabíamos que ya tenían el recurso preparado pero no sabíamos si iba a ser el PP o el Gobierno. Valoramos positivamente que lo haga el Gobierno, ya que tendremos antes la respuesta", aseguró la diputada, que apuntó, no obstante, que deberán esperar hasta que la ley entre en vigor para presentar el recurso.
En el debate de aprobación de esta regulación, el diputado socialista Damià Borràs, ya incidió en que, con el texto aprobado, el Pacte ha "aprovechado el poco margen que nos dejan para regularlo".
El PP de las islas avisó antes de su aprobación que el texto era "carne de Constitucional", un extremo en el que coincidieron el resto de partidos de la oposición -Ciudadanos y el Pi-. "No tendrá ningún recorrido. Quedará en nada en cuanto se presente un recurso al Constitucional", alertaba el portavoz del partido de Albert Rivera en el archipiélago, Xavier Pericay.
Las dos últimas corridas
Entidades taurinas como la Fundación Toro de Lidia tildaron ayer de "argucia legal" la maniobra del Pacto: "Pretende prohibir las corridas de toros desnaturalizando su esencia y haciéndolas por lo tanto irreconocibles".
Mañana y la próxima semana hay previstas dos corridas de toros en Palma. Al no haber entrado todavía en vigor la norma, se desarrollarán como hasta la fecha y acabarán inevitablemente con la muerte del animal en la plaza.
