Sigue sin haber acuerdo sobre cómo resolver el "frankenstein" de la nueva ley turística. Sin embargo, poco a poco se van acercando las posturas. El Govern cada día está más cerca de aceptar una fórmula para contentar a Podemos sobre la exigencia de incluir el concepto de "emergencia habitacional" y sus socios aceptarán permitir el alquiler turístico en pisos si, previamente, el Consell de Eivissa y el Ayuntamiento de Palma se comprometen a prohibirlo. Mientras, Podemos entiende que arrendar pisos a turistas está prohibido y que el vicepresidente Biel Barceló ya está en disposición de poner multas a esta oferta.

Siguen las reuniones y Podemos sigue manteniendo que todo es cuestión de "interpretación", que la ley no está tan mal, pero que aceptan cambiarla si eso es lo que quiere el Govern. Eso sí, no meterán los pisos en la ley sin una alusión a la emergencia habitacional y sin que Eivissa y Palma se compromentan "en un acuerdo político" a probibirlos.

Podemos defiende todavía su desmarque en la votación de la ley que ha desencadenado el caos normativo y responsabiliza a Barceló de la situación. "Entendemos que se sienta culpable del resultado. Si no se hubiera menospreciado la emergencia habitacional y se hubiera consensuado antes, no habríamos llegado aquí", defiende el diputado Salvador Aguilera. "En el post se han hecho declaraciones que no son prudentes. Hablar de ley frankenstein o decir que somos irresponsables no era lo más adecuado", ha valorado la portavoz de la formación morada, Laura Camargo, la actuación del vicepresidente del Govern.

Mientras llegan a un acuerdo, Podemos pide que se apliquen las sanciones -"si nos dicen que hoy se pueden aplicar, no entendemos por qué no al día siguiente que se publique la ley", valora Camargo. La norma prevé sanciones de hasta 40.000 euros para quien oferte su vivienda ilegalmente y de hasta 400.000 para plataformas tipo AirBnb que las oferten en sus páginas webs.