El Parlament aprobó ayer por unanimidad la ley de accesibilidad universal de Balears, que "profundiza en la igualdad de oportunidades de todos, eliminando los obstáculos que todavía persisten para las personas con discapacidad", según destacó el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons.
Pons también remarcó que la nueva ley "permite pasar de la voluntariedad, en materia de accesibilidad, a la exigencia debido a que fija exigencias y prevé régimen sancionador para los incumplimientos". Las multas previstas van desde 300 a 300.000 euros. Las infracciones leves pueden llegar hasta los 6.000, las graves hasta los 30.000 y las muy graves hasta los 300.000 euros.
Se trata de que las 68.000 personas de las islas que viven con algún tipo de discapacidad puedan interactuar de manera "plena y efectiva" en el acceso y la utilización de los espacios públicos, edificaciones, transporte, de los productos, servicios y de la información y las comunicaciones, según recoge el propio texto.
Además, las actividades culturales, de ocio o deporte, como actos públicos, conferencias, cine, teatro, visitas guiadas o competiciones deportivas deben prever las condiciones de accesibilidad, incluso para las personas que discapacidad sensorial para que puedan disfrutar de las mismas y puedan participar.
Pons dejó claro que las administraciones públicas deben ser las "primeras" en cumplir con esta ley y garantizar que sus servicios de información sean accesibles a todos.
Al pleno asistieron también miembros de la plataforma de representantes de personas con discapacidad, CERMI Balears, que celebró la aprobación de esta ley que recoje "reivindicaciones históricas que mejoraran las vidas de muchas personas".
El presidente de CERMI, Guillem Febrer, destacó "la visión global que aporta esta ley, que incorpora medidas que permitirán eliminar barreras para cualquier tipo de discapacidad y situará a las Balears en la vanguardia de este ámbito".
