El alud de licencias de alquiler turístico continúa. Pese a la aprobación el martes en el Parlament de la reforma que regula el arrendamiento y establece o una moratoria de hasta un año para inscribir nuevas viviendas para su alquiler vacacional, la norma no estará en vigor hasta el día siguiente de que la publique el Boletín Oficial de Balears (BOIB). Con lo que la avalancha continúa con los últimos rezagados que quieren aprovechar las ventajas de la normativa del 2012 (PP, Bauzá), válida hasta que el BOIB muestre la nueva ley y su moratoria.

Eso ocurrirá hoy, aunque fuentes del Govern no descartan que quede para el número siguiente, que llegaría el sábado. Con lo que la carrera por hacerse con licencias de alquiler sigue. Y a ritmo frenético. Durante toda la mañana de ayer hubo gente esperando en el patio de la Conselleria de Turismo para entregar el documento que inicia el proceso. Se trata de la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (Driat), con la que el propietario informa de que cumple todos los requisitos, paga un mínimo de 315 euros de tasas y puede empezar a operar en los tres tipos de vivienda que admite para el turismo la ley de 2012 (casas aisladas, chalés adosados y casas de pueblo entre medianeras).

Las esperas en Turismo se repetían en otras dependencias conveniadas para admitir el documento, tales como los ayuntamientos, el Consell o la sede del Govern en el Parc Bit. Quienes presentan hoy la declaración saben que tienen derecho a una licencia que no caduca ni hay que renovar, ni depende de las zonas de alquiler que establezca a partir de ahora el Consell, en contraposición con las autorizaciones que crea la nueva ley, que solo permitirá licencias en algunas zonas, con el añadido de que caducan a los cinco años y, además, incorporan más exigencias de calidad.

De ahí la avalancha, que aún dura. Desde que se conoció en diciembre el proyecto de reforma del alquiler del Govern, los propietarios pasaron de presentar 150 peticiones al mes a más de 600. El alud acabará esta semana, cuando la publicación de la ley en el BOIB active la moratoria.