El juez del juzgado de instrucción número 12 de Palma ha elevado esta mañana el llamado caso ORA, en el que se investiga el presunto amaño del concurso público a cambio de comisiones, a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia para que asuma el caso. Esta decisión responde porque uno de los principales imputados, Álvaro Gijón, es diputado del Parlament y por tanto disfruta de la condición de aforado.
El magistrado, en un escrito de más de cien folios, detalla las pruebas que se han ido recogiendo durante la investigación, que se inició tras la declaración de un testigo que denunció que detrás del amaño de dicho concurso se habían repartido una comisión de un millón de euros Gijón y José María Rodríguez. Sobre el exdelegado del Gobierno no se han conseguido pruebas que demostrarían su implicación en el caso. No ocurre lo mismo contra el concejal y diputado, que se dio de baja del PP, sobre el que el juez está convencido de que cobró dichas comisiones y después utilizó a su familia para blanquear el dinero.
La Sala de lo Penal deberá acordar si acepta o no asumir dicha investigación, que ya está muy adelantada. En el caso de que acepte la competencia, el resto de acusados, entre los que se encuentra además del empresario Roig, beneficiario del concurso, varios funcionarios de Cort que participaron en la tramitación del expediente de la ORA, también serán juzgados por el TSJB, que preside el magistrado Antoni Terrasa. La Sala nombrará a un magistrado instructor quien, pese a que Gijón ya ha declarado en dos ocasiones sobre este tema, podría volver a citarle a declarar.
