Durante el próximo año no habrá ni una sola nueva plaza de alquiler turístico. De ningún tipo. Ni en pisos, ni en casas. "Desde hoy hay una moratoria", ha dejado claro hace unos minutos en el Parlament Biel Barceló (Més), vicepresident del Govern y conseller de Turismo. Según ha matizado, la regulación, que previsiblemente se aprobará en unos minutos, paralizará la concesión de nuevas autorizaciones de arrendamiento vacacional, para dar tiempo a los consells y ayuntamientos de las islas a definir en qué zonas autorizan nuevos alquileres turísticos.

Solo en esas áreas será posible tramitar licencias para el alquiler. Con el permiso se obtendrá un número de registro imprescindible para comercializarse entre turistas a través de plataformas como AirBNB. El propietario que no tenga ese número y publicite su inmueble para el turismo, incurrirá en una infracción grave y será sancionado automáticamente con una multa de entre 20.000 y 40.000 euros. Además, la plataforma tipo AirBNB y las agencias que ofrezcan a viajeros estos pisos sin número de autorización se exponen a sanciones de entre 40.000 y 400.000 euros por infracción muy grave.

Lo que sí está admitido este año

De este modo, durante el próximo año, solamente podrán arrendarse entre turistas las casas aisladas, adosadas o entre medianeras (casas de pueblo que están pared con pared) que dispongan ya de una licencia turística. Para estos propietarios, tampoco variará nada en el futuro: cuando los Consells Insulars y los Ayuntamientos determinen durante el próximo año donde se acepta el alquiler turístico, quienes hoy tengan licencia de alquiler podrán seguir alquilando a viajeros, aunque su zona se restrinja al arrendamiento.

Una ley negociada "con todo el mundo"

Barceló ha recordado que la ley de regulación del alquiler que hoy ve la luz nace tras un debate de meses "con todo el mundo". "Han aportado los consells, los ayuntamientos, entidades de todo tipo, patronales, sindicatos y grupos políticos. Gracias a todos los que han ayudado a mejorar la ley", ha señalado el vicepresident, que después ha desgranado algunas de las novedades del texto que hoy se vota en el Parlament.

Entre ellas destaca la autorización, a petición del Ayuntamiento de Palma y de Més, para que se pueda alquilar la vivienda habitual durante un máximo de 60 días. El objetivo en ese caso es permitir la auténtica economía colaborativa, es decir, que quien de verdad necesite alquilar su piso unos meses para sacar adelante la hipoteca podrá hacerlo, siempre que demuestre que lo que comercializa es su residencia habitual y que en la zona en que vive está permitido el alquiler turístico (para eso, hará falta esperar ese año de moratoria que hoy se declara).

Contra la especulación: solo tres alquileres por propietario

Para limitar la especulación turística por parte de grupos que están acaparando viviendas por la vía muchas veces de desalojar inquilinos y explotar el inmueble con el turismo, la nueva ley solo permitirá comercializar a turistas un máximo de tres inmuebles por propietario.

Las comunidades de vecinos, ha dicho Barceló, también tendrán algo que decir sobre el uso de las fincas. De este modo, una vez que los consells y ayuntamientos definan durante el próximo año donde se puede alquilar a turistas, solo se podrá hacer alquiler turístico si la comunidad de vecinos permite por mayoría (no por unanimidad, como pedía Podemos) que en la finca se exploten los pisos con viajeros

Hacia el decrecimiento: "Hoy acaban las excepciones"

Con todo, el vicepresident asegura que esta reforma apuesta por un decrecimiento turístico: "Se fija por primera vez un techo legal de plazas turísticas. De aquí en adelante solo se admiten las plazas que hoy existen. Desde hoy cada vez que se incorpore una plaza turística se tendrán que dar de baja otra. Esto hasta ahora no era así: había muchas excepciones, como hoteles de cinco estrellas, los de ciudad, agroturismos, alquiler. Eso cambia: no se puede crecer más. Se ha acabado el incremento del turismo sin límites que permitía la ley de 2012 (Bauzá PP)"