Joaquim Bosch: "Horrach sobreactuó en Nóos, dio la impresión de que quería favorecer a la Infanta"

-Me parece proporcionado. No existe riesgo de fuga, ni indicios para pensar que eludirá la acción de la justicia. La prisión provisional tiene un carácter excepcional, hay que esperar el fallo del Supremo en libertad por regla general. Mi impresión es que la sentencia está muy fundamentada, pero puede tener aspectos jurídicos discutibles. Hay interpretaciones que justificarían una pena más elevada [la Audiencia de Palma le condenó a seis años y tres meses]. Hay recursos presentados y el Tribunal Supremo es el competente para valorar si tiene la pena que se merece.

-¿Y es razonable que durante el juicio el fiscal Horrach y la Abogacía del Estado actuaran como defensores de la Infanta?

-Los órganos judiciales han tratado a la Infanta y a Iñaki Urdangarin como a cualquier ciudadano. Por tanto no entiendo el argumento de la Fiscalía de que se ha perseguido a la Infanta por ser quien es. Todo lo contrario. Ha tenido un trato equivalente al de cualquier otra persona. En cambio, lo que nunca he visto es una actuación como la de la Fiscalía. Ni yo como juez instructor, ni en ningún otro juzgado. Me he tomado la molestia de preguntar a otros compañeros y me cuentan que no tiene equivalentes. Nunca se ha visto a la Fiscalía recurriendo autos de imputación. Actuando... Yo diría que sobreactuando. Ha habido una sobreactuación del fiscal Horrach, y con muchas descalificaciones hacia el juez instructor. La Fiscalía debe defender la legalidad, pero en este caso hubo un exceso que por ser la Infanta dio la impresión de que se buscaba favorecerla. Eso no es bueno para la neutralidad de la Fiscalía. Del mismo modo, considero que Horrach es un fiscal de una gran trayectoria. La lucha contra la corrupción le debe mucho. Pero en el caso de la Infanta ha planteado algunas argumentaciones y descalificaciones contra el juez Castro que estaban fuera de lugar y que ponen alguna sombra sobre la actuación de la Fiscalía.

-Hay decisiones que generan frustración en la ciudadanía. En 2013 el Supremo evitó que Jaume Matas entrara en prisión al rebajarle la condena de seis años a nueve meses.

-Entiendo que a veces la sociedad pueda quedar desencantada con algunas decisiones judiciales. Pero hay que entender que hay resoluciones bien fundamentadas. En el caso Palma Arena, en la absolución a la Infanta y en la condena a Iñaki Urdangarin no se han dictado resoluciones arbitrarias, aunque pueden ser discutibles. No podemos esperar que el Estado de Derecho condene siempre a personas que provoquen un rechazo social. Sí podemos esperar que haya un procedimiento justo y una sentencia fundamentada.

-Este año la Audiencia Nacional ha condenado al rapero Valtonyc por injurias a la Corona y a Cassandra Vera por publicar chistes sobre Carrero Blanco. ¿Se castigan más los chistes que la corrupción?

-Vivimos en un contexto de fuertes recortes de las libertades, como hemos visto con la Ley Mordaza. Pero hay discrepancias importantes. Por los mismos hechos por los que se juzgó a Cassandra o a Valtonyc, otros jueces han dictado sentencias absolutorias. Estamos en un debate muy intenso sobre dónde están los límites de la libertad de expresión. Chistes sobre Carrero Blanco o críticas desaforadas que no tienen capacidad para alterar el orden público forman parte de la libertad de expresión. Hay tuits que me parecen intolerables, pero forman parte de la libertad de expresión. Se puede hablar de enaltecimiento del terrorismo cuando esas expresiones favorezcan, promocionen o inciten la actividad terrorista. Eso no es ni equiparable con contar chistes sobre Carrero Blanco."Estamos a la cola europea en jueces por habitante y a la cabeza en número de corruptos"

-¿La Audiencia Nacional está para juzgar ese tipo de cosas?

-Cuando ETA cometía atentados, a la Audiencia Nacional llegaban tres o cuatro casos al año por enaltecimiento del terrorismo. Ahora que ya no hay atentados, llegan treinta o cuarenta asuntos, que son básicamente comentarios o chistes en las redes sociales. La tercera parte de casos de enaltecimiento del terrorismo que la Audiencia Nacional juzga son tuits, retuits y chistes. Es un tribunal creado para combatir los grandes casos de corrupción, narcotráfico y terrorismo. Pero el real, el que asesina a personas. No debería estar para juzgar chistes y comentarios.

-¿Y por qué sucede? ¿Hay un exceso de celo por parte de algunos jueces?

-La ley ofrece interpretaciones dispares sobre un mismo caso. Por ejemplo, el cantante de ´Def con Dos´, César Strawberry, fue condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento de terrorismo. Posteriormente, en un caso muy similar, el mismo Supremo acordó una absolución. A un Gobierno le pueden apoyar sectores sociales concretos a los que les guste la política de mano dura contra algunas personas. El de los titiriteros fue un caso de libro. Una actuación que gustó mucho a determinados sectores, pero que fue una clara vulneración de derechos. La reforma del Código Penal que regula el enaltecimiento del terrorismo se creó para perseguir el yihadismo, no chistes de Carrero Blanco.

-¿El Gobierno del PP está persiguiendo de manera interesada determinadas expresiones?

-En el caso de los titiriteros, Fernández Díaz dijo que se había desarticulado a un grupo dañino para la sociedad. Cuando es evidente que ni eran terroristas, ni tenían simpatías hacia el terrorismo. En este país millones de personas han contado chistes sobre Carrero Blanco. Sería imposible meterles a todos en la cárcel. Hemos retrocedido en materia de libertades. En los ochenta Tip y Coll contaban estos chistes y no pasaba nada.

-¿Los jueces son completamente libres a la hora de investigar casos de corrupción?

-Hay varios niveles. El primero es el de los jueces de base, los que hemos accedido a través de oposiciones. La sociedad puede estar muy tranquila porque no actuamos con ningún tipo de favoritismo hacia nadie. No he conocido jamás a un juez que por razones de su ideología favorezca al partido al que haya podido votar en las elecciones. Pero hay cargos a los que se accede a través de cuotas políticas. Es un reparto de la tarta por parte de los partidos. Lo mismo pasa en el CGPJ. En lugar de buscarse juristas con un perfil no partidista, resulta que el gobierno del Poder Judicial es una repetición de las mayorías que existen en el Parlamento. Ahí sí puede existir un riesgo para la independencia judicial.

-Entonces en España no hay una verdadera separación de poderes.

-No tiene por qué. Yo he visto al juez Castro actuar con total independencia en el caso Noos. No ha habido coincidencia entre lo que pensaba Castro y lo que pensaba el tribunal que juzgó el caso, pero ambos actuaron de manera independiente. A esos niveles no se puede decir que ningún político haya presionado con éxito.

-La Justicia subsiste desde hace años sumida en la precariedad. ¿Los políticos no ponen una solución porque no da tantos votos como la Sanidad o la Educación?

-Los políticos solo se han interesado por la justicia para intentar controlarla en su beneficio propio. Porque si no, no se explica el nivel tan lamentable de recursos con los que tenemos que trabajar. A nivel europeo estamos a la cola de jueces por habitante. Por detrás de países como Albania o Moldavia. Estamos a la cola europea en número de jueces y a la cabeza en número de corruptos. Hay muchos juzgados que están trabajando por encima del 200 por ciento de lo que tendrían que trabajar. En los últimos cinco años no se ha creado ni un solo juzgado de Instrucción nuevo. Si el poder político podía resolverlo y no lo ha hecho, está claro que no ha interesado. Porque no da votos o porque no se ha apostado por un Poder Judicial fuerte.

-¿Habrá huelga de jueces después del verano?

-Después del verano se valorará la situación. Hay juntas de jueces por todo el país que se plantean la huelga si no hay soluciones inmediatas para poner medios suficientes y resolver los casos en plazos razonables. Es culpa de los políticos que no nos dan los instrumentos. La situación es insostenible y con palabras ya no vamos a ningún lado. El ministro Catalá siempre dice que lo valorará; a todo dice que sí. Pero la realidad es que no vemos soluciones. Somos cuatro asociaciones judiciales y hay unidad en nuestras reivindicaciones. Se valorarán las medidas de presión necesarias, entre ellas la huelga.

-Esta legislatura hemos visto a jueces como Juan Pedro Yllanes y Margarita Robles dando el salto a la política. ¿Eso no menoscaba la imagen de un profesional que basa su trabajo en la imparcialidad?

-Más del 99 por ciento de los casos que llegan a un juzgado no tiene relación con la política. Pero es cierto que aunque sean tan pocos, la imparcialidad es tan importante que se deben tomar medidas proporcionadas. El juez debería abstenerse en caso de que le llegara un caso que pudiera hacer peligrar su imparcialidad. Lo que me parece excesivo es que el juez no pueda volver a desempeñar su trabajo. De hecho, no me parece negativo saltar a la política. A mí me ofrecieron entrar en el Gobierno valenciano. También Pablo Iglesias me planteó entrar en Podemos. Yo lo rechacé por razones personales, pero no veo negativo que los jueces aporten su experiencia y conocimientos. Es bueno para la sociedad."No he conocido jamás a un juez que haya favorecido al partido al que votó en las elecciones"

-Iberia pagará una multa de 25.000 euros por pedir un test de embarazo antes de ser contratadas.¿Qué le parece?

-Es una resolución razonable. No se pueden vulnerar derechos básicos ni plantear condiciones discriminadoras hacia la mujer. Y menos todavía por parte de empresas con la entidad económica de Iberia. Los grandes grupos económicos de todo tipo, además de las empresas del Ibex, se aprovechan de su posición dominante en el mercado, apoyados por un poder político que debería dedicarse a proteger a los consumidores y a los trabajadores.