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Preferiría no hacerlo: El botón rojo de Podemos, por Jaume Bauzà

Ya está la letra. Ahora solo faltan los inspectores que la hagan cumplir. La reforma del alquiler turístico promete poner orden en la selva, pero no queda claro cómo. Las infracciones quedan bien delimitadas y las multas son cuantiosas, pero los medios del Govern no alcanzan para controlar una actividad que hasta ahora se asocia a saturación, opacidad y burbuja.

De momento hay que celebrar que esta vez Podemos haya invertido su energía, no en desestabilizarse a sí mismo, sino en apuntalar una normativa que el Ejecutivo de Armengol había imaginado más aguada. Queda por resolver el engorroso asunto de la ´emergencia vacacional´ en Palma y Eivissa. Imprescindible para el partido de Jarabo, imposible para Més y el PSIB porque, argumentan, prohibir el alquiler en esas zonas podría cargarse toda la ley. Es el botón rojo de Podemos, una cláusula que podrán activar para declarar ilegal todo el arrendamiento vacacional en pisos de edificios plurifamiliares.

La normativa presagia una colisión entre el Govern y las plataformas, las grandes responsables de que el alquiler turístico haya pasado de ser una actividad casi clandestina -y muy rentable- a un fenómeno de masas -y muy rentable- en muy poco tiempo.

La ley prevé multas de hasta 400.000 euros para portales como Airbnb y HomeAway por publicitar pisos sin licencia. Es decir, el Govern les hará responsables directos de verificar la legalidad de su oferta. Y las plataformas, curtidas en batallas judiciales en la Barcelona de Ada Colau, ya han advertido de que ellas son intermediarias y no policías.

La jungla lo será menos desde el martes. Ahora solo falta que los inspectores del Govern asuman que quien les abre la puerta es un turista y no el primo del propietario.

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