Josep Lliteras, antiguo alto cargo de Unió Mallorquina (UM) y exdirector del área de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca, se convertirá en el último político del desaparecido partido que ingresará en la cárcel por corrupción. Lliteras confesó ayer, tras alcanzar un pacto con la fiscalía, su culpa en el juicio por la captación ilegal de votos a favor de UM financiada con fondos públicos.

Aunque la condena es de dos años de prisión, Anticorrupción se niega a que se le conceda la libertad condicional. Los fiscales quieren que, al igual que ha pasado con otros políticos condenados, Lliteras ingrese en la cárcel. No entrará hasta que la sentencia alcance firmeza. Mientras, su abogado Miguel Cardell intentará, con pocas posibilidades, evitar que dicho ingreso se produzca.

Los ocho acusados de esta trama política alcanzaron un acuerdo con la fiscalía, después de comprometerse a confesarse culpables, a cambio de una sustancial rebajada de las penas de prisión. De hecho, salvo Lliteras, el resto de acusados evitan la cárcel. Solo ingresarán si no pagan las multas que les impondrá el tribunal. El fiscal, para justificar el pacto, aplicó las atenuantes de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas.

Los otros antiguos cargos del partido que han sido condenados por esta trama son Coloma Munar, antigua jefa de programas de la dirección de Relaciones Institucionales del Consell, y Eugenia Cañellas, que fue secretaria técnica de Vicepresidencia de la institución insular. Cada una tendrá que cumplir un año y cuatro meses de prisión, si bien la condena se sustituye por multas que suman 11.520 euros. Además, las dos mujeres, junto a Lliteras, tendrán que indemnizar al Consell de Mallorca con la cantidad de 122.020 euros. Los acusados ya han adelantado parte del dinero de la sanción.

Los tres altos cargos nombrados por UM organizaron un trama consistente en destinar dinero del Consell a la consecución de votos para Unió Mallorquina. Lo hicieron premiando a personas que tenían relación con las colonias de inmigrantes sudamericanos que residían en Mallorca. Estas personas se encargaban de difundir el programa electoral de UM, consiguiendo fondos para financiar los eventos que organizaban estas casas regionales o asociaciones de inmigrantes.

El tribunal también sancionará a un antiguo militante de UM, Antoni Rebassa, al que se condena con una pena mínima de multa.

Los otros cuatro condenados son personas relacionadas con las asociaciones de inmigrantes. Se trata de Carina Barroso, Lucía Stella Luque, Jorge Joaquín Mandado y Norma Aurora Mario. Estos cuatro extranjeros se confesaron también culpables y aceptaron las penas de prisión que les pedía la fiscalía Anticorrupción, que en todos los casos se sustituirán con sanciones económicas.

Piden perdón

Pero además de confesar los delitos y aceptar la pena acordada con el fiscal, algunos de los acusados aprovecharon la oportunidad para mostrar su arrepentimiento. Así, por ejemplo, Lliteras señaló que "pido disculpas por todo aquello que haya podido hacer erróneamente." En la misma línea se expresó Coloma Munar, que manifestó que "también me arrepiento si he obrado mal", a lo que el presidente del tribunal, el juez Jaime Tártalo, le contestó que "si no hubiera obrado mal no estaríamos aquí".

Con este acuerdo se pone punto y final a la investigación que se inició hace años por el desvio de fondos públicos del Consell de Mallorca, para financiar la búsqueda de votos a favor del partido Unió Mallorquina.