La semana que viene Balears tendrá en vigor una nueva ley más dura contra el alquiler ilegal. Mucho más dura: Podemos ha conseguido incluir en la regulación multas de hasta 400.000 euros a plataformas tipo AirBNB que alquilen ilegalmente a turistas casas y pisos que no cuenten de un número de autorización expedido por la Conselleria de Turismo. Finalmente, y tras muchos encontronazos entre Podemos y el Govern de PSIB y Més, la normativa que se aprobará el martes que viene en el pleno del Parlament mantiene el espíritu del planteamiento realizado desde la conselleria de Turismo de Biel Barceló(Més), que eleva las multas a entre 20.000 y 40.000 euros a los propietarios que arrienden sus viviendas sin permiso de turismo, al tiempo que paraliza temporalmente la concesión de licencias de arrendamiento vacacional, multiplica las exigencias y requisitos a quien quiera alquilar a turistas y facilita la persecución de los propietarios infractores y plataformas de alquiler ilegal masivo como AirBNB.
El acuerdo llega después de que Podemos lo dejase en el aire horas antes, al asegurar que no apoyaría la ley si no se declaraba la emergencia habitacional en Palma y Eivissa, prohibiendo con ello totalmente el alquiler turístico. Ese punto sigue sin generar consenso y, de hecho, Podemos lo utiliza como última forma de presión al Govern para que haga la norma más dura aún de lo que ya era y más todavía de lo pactado hoy mismo. El planteamiento de Podemos es que si no se declara el martes que viene la emergencia habitacional en Palma y la isla de Eivissa, y por tanto, se prohíbe el alquiler turístico en ambas zonas, Podemos hará que siga vigente un artículo concreto de la ley aprobada por el Govern Bauzá (PP) en 2012, el que declara ilegal cualquier alquiler a turistas en pisos de edificios plurifamiliares (el apartamento del 1ºB o del 4ºC, por ejemplo). Es decir, o se impide el arrendamiento vacacional en Palma y la isla de Eivissa, o Podemos hará que siga estando prohibido en todo el territorio de Balears.
Como mucho, dos pisos en alquiler por propietario
Más allá de esta "emergencia habitacional", a la que Més y PSIB se oponen porque creen que eso hará que la ley sea tumbada en los tribunales por invadir competencias urbanísticas de los ayuntamientos y Consells Insulares, la nueva normativa más dura entrará en vigor la próxima semana. A ella se incorporan las multas de hasta 400.000 euros a plataformas tipo AirBNB que alquilen pisos sin licencia turística, del mismo modo que se añaden otras exigencias de Podemos como que se aumente la plantilla de inspectores para perseguir el alquiler ilegal (ahora hay solo quince) o como que cada propietario pueda alquilar a turistas, como máximo, dos inmuebles. Además el partído de los círculos ha conseguido la autorización de una nueva forma de alquiler: todo propietario podrá alquilar su residencia habitual a turistas durante un período máximo de 60 días al año (y siempre que en la zona esté permitido, haya plazas de alquiler disponibles en la bolsa turística de cada isla y quien lo haga tenga licencia de la Conselleria de Turismo).
Cambiar multas por alquiler social
Podemos, Mes y PSIB han pactado la opción de que los propietarios que sean sancionados por alquilar ilegalmente puedan librase de la multa metiendo su vivienda en una bolsa de alquiler social, para que sea aprovechada de ese modo durante tres años. Así se librarían de esa sanción de entre 20.000 y 40.000 euros por alquiler ilegal. También han acordado que el Impuesto de Turismo Sostenible, la llamada ecotasa, utilice parte de su recaudación para ayudar a financiar obras de rehabilitación de viviendas que luego sean utilizadas para alquiler social.
Lo que falta negociar hasta el martes
El punto caliente es así la "emergencia habitacional", que Podemos insiste en incluir sí o sí en la ley. Para ello negociará con el Govern, al que ofrece de aquí al martes la posibilidad de aceptar esa cláusula. Más y PSIB recalcan a su vez que esa declarar la emergencia y prohibir unilateralmente el alquiler en esas zonas invade competencias de los ayuntamientos y podría ser causa de nulidad de la ley. Para el Govern, eso supondría incurrir en un riesgo innecesario, cuando el Ayuntamiento de Palma y todos los Consells Insulars podrán, con la nueva ley en la mano, prohibir el alquiler a turistas en todas las zonas en las que consideren que no están cubiertas las necesidades de vivienda de los residentes. Tanto es así, que el Consell de Eivissa ya ha dicho que lo hará y el alcalde de Palma, Antoni Noguera (Més), ha prometido que aprovechará la nueva normativa para impedir el arrendamiento turístico en las zonas en las que más se ha disparado el precio de alquiler para los residentes, como es el caso del centro de Palma.
Alquilar solo pisos comprados hace más de diez años
Ante esta situación de bloqueo, Podemos plantea renunciar a su amenaza de mantener la prohibición del PP de Bauzá de alquilar en cualquier piso de edificio plurifamiliar, a cambio de otras opciones que en la Comisión de Turismo de hoy han sido rechazadas por Més y por el PSIB. Entre ellas destaca por ejemplo la exigencia de Podemos de limitar aún más el tipo de pisos que se pueden ofrecer a turistas. Por ejemplo, la versión original de la reforma de Més y PSIB prohíbe alquilar a viajeros inmuebles construidos hace menos de cinco años, para evitar la edificación especulativa ligada al turismo. Podemos intenta que eso se cambie para que se prohíba durante diez años, y no en función de la antigüedad, sino de la propiedad: no se permitiría pues alquilar a turistas pisos adquiridos hace menos de diez años. ¿Objetivo? Que pare el desembarco de especuladores inmobiliarios y turísticos llegados de toda Europa, que están comprando edificios antiguos en lugares como Palma para cambiar su uso residencial y convertirlos en algo parecido a hoteles de alquiler vacacional. Esa es una opción que se negociará de aquí al martes.
Comunidades de vecinos
Otra posibilidad expuesta por Podemos para retirar su veto al alquiler en viviendas de edificio plurifamiliar es que solo se permita la explotación turística cuando lo apruebe la comunidad de vecinos por unanimidad, en vez de por mayoría de los propietarios, como dice la versión actual del Govern. Igualmente, Podemos está dispuesto a ceder si se proscribe totalmente el alquiler de viviendas que estén en suelo rústico, y del mismo modo propone renunciar a su veto si el Govern acepta incluir una cláusula en la reforma en la que, además de fijar un techo de plazas turísticas para las islas, se impida a los Consells ampliar el actualmente vigente, de modo que "si los consells lo desean, en el futuro solo puedan reducir el número de plazas turísticas en cada isla, nunca elevarlas", argumentan en Podemos.
La reforma es un hecho: se aprueba el martes
Todo eso se negociará en próximos días, aunque lo que está claro ya es que el martes que viene la nueva ley de alquiler turístico saldrá adelante con los votos de PSOE, Més y Podemos. Como está decidido ya que solo puedan alquilar a turistas quienes cuenten con un número de registro y autorización de Turismo. Del mismo modo, también saben desde hoy los propietarios que si explotan turísticamente sus pisos sin autorización se exponen a una multa de entre 20.000 y 40.000 euros. Y queda claro que cada dueño únicamente puede poner dos pisos de su propiedad en el mercado turístico. Igualmente está decidido multiplicar hasta por diez las multas que sufrirán AirBNB y compañía si ponen en alquiler pisos sin número de licencia turística: de hacerlo, la multa será cada vez de hasta 400.000 euros, una cifra que recuerda a los 600.000 euros con los que ya están sancionando en Barcelona.
