Dado que Iberia tiene un volumen de negocio de miles de millones de euros, la sanción de 25 mil euros que le ha impuesto el Govern equivale a una pérdida de diez céntimos para un ciudadano medio. No es pues una multa, sino una propina difícilmente disuasoria.
La levedad del castigo no amortigua la gravedad del control de las futuras empleadas, ni la voluntad reparadora de un Govern que al menos aplica la normativa. ¿Cuántas mujeres han aceptado la humillación gratuita?, ¿en cuántas comunidades se ha actuado contra la compañía por su comportamiento ofensivo?
Poniendo a Hegel del revés, lo escasamente cuantitativo se hace supremamente cualitativo. Es decir, las multas livianas demuestran que es innecesario constatar que "hecha la ley, hecha la trampa". La trampa es la propia ley, que no cumple con su potencial sancionador ni cuando es contestada de frente.
Tanto la conselleria como su titular, Yago Negueruela, han sido muy cautos al destacar que el test es inadmisible por realizarlo antes de la contratación. Se equivocan, no es ni un céntimo menos estéril que los chequeos abusivos a los trabajadores. Por no hablar de la monstruosidad de exigir un certificado de penales a los profesores o profesionales médicos en contacto con niños.
Conocer el estado de gestación de una aspirante a un contrato laboral no tiene mayor interés para la empresa, lo importante es que el trabajador identifique a quien va a ser su propietario y los derechos divinos que le asisten. En el impecable lenguaje del falangismo, hay que jerarquizar. La crisis selló el puesto de trabajo como valor supremo, lo cual conlleva subordinar la dignidad. Los tests legales o ilegales determinan el nivel de sumisión que el candidato está dispuesto a asumir.
Quienes se escandalizan, deberían repasar hasta qué punto se han sacrificado a lo largo de su trayectoria. El test de embarazo es una estrategia banal, ante un presente en que los poderes políticos y económicos se creen con derecho a adentrarse en los genes de sus empleados. Siempre encontrarán una excusa de salud pública, como Iberia escudándose en el bienestar del nasciturus. En lo económico, la respuesta de la compañía es "quédense con el cambio". En lo social, y pese al daño reputacional, la cosa está todavía peor.
