La reforma que eleva las multas al alquiler turístico ilegal, permite a los consells y el Ayuntamiento de Palma prohibir el arrendamiento a viajeros en las zonas que vean más afectadas por la especulación y establece un número máximo de plazas de hotel y de alojamiento vacacional en las islas podría tener que esperar aún más: después de dos años de negociaciones con patronales, agentes sociales, asociaciones ecologistas e instituciones públicas, y tras más de seis meses de presentación de alegaciones a la reforma y negociaciones entre bambalinas entre los partidos políticos, el líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, ha anunciado hoy que quieren seguir debatiendo. A una semana de la votación de una de las reformas clave de la legislatura, prevista en el Parlament para el martes que viene, Jarabo afirma que su partido no está dispuesto a dar apoyo al PSIB y Més para aprobar el nuevo marco normativo del arrendamiento turístico.
Con lo que la reforma que con más cautela ha trabajado el Govern se queda en el aire por falta de apoyos dentro del Pacte. Según Jarabo, la discrepancia clave que les lleva a dar la espalda a la ley en el último momento es que creen que la reforma no garantiza que vayan a bajar los precios de alquiler y compra, ni garantiza el derecho a la vivienda de los ciudadanos de las islas. "Més y PSIB no están entendiendo las dificultades de acceso a la vivienda. No hay solo un colapso turístico, sino una presión urbanística enorme de compra de vivienda, que pensamos que continuará (...). No podemos permitir una ley de alquiler vacacional con la que pueda seguir la subida de precios", dicen en Podemos.
Así que mientras negocian seguirá vigente la ley aprobada en 2012 por el Govern Bauzá (PP), que prohíbe alojar a turistas en todos los pisos de edificios plurifamiliares (el 4ºC o el 3ºA), pero no ha impedido con ello que los alquileres se hayan encarecido un 50% en cuatro años, ni está evitando el desahucio de inquilinos para alojar en su lugar a turistas.
También quedan en el aire las nuevas multas más duras (hasta 40.000 euros) que plantea la reforma. Y habrá que esperar para que se aplique una moratoria de plazas vacacionales en las islas, toda vez que mientras tanto rige la norma de 2012, con la que cualquiera que tenga una casa aislada, un adosado, o una casa de pueblo tendrá derecho a su licencia para alquilar a turistas (en los últimos meses ha habido una avalancha de peticiones).
Emergencia por la falta de vivienda
Podemos pretende que la normativa declare "la emergencia habitacional" en Palma y Eivissa, es decir, la prohibición total del alquiler turístico. En la Conselleria de Turismo (Més) explican que eso podrán hacerlo con la nueva ley tanto el Ayuntamiento de Palma como los Consells insulars (en los que por cierto gobierna Podemos) que ya trabajan en ello, pero añaden que el Govern no puede invadir competencias urbanísticas municipales para declarar esa emergencia, a riesgo de ver tumbada la ley en los tribunales a las primeras de cambio. Con todo, en Podemos piden tras dos años de negociaciones "un margen de tiempo para negociar y encontrar equilibrio en la ley".
Mientras tanto, el nuevo retraso facilitará la entrada de más peticiones de nuevas viviendas de alquiler, después de que en los últimos meses haya habido una avalancha de arrendamientos vacacionales (hasta 600 más al mes), para aprovechar las ventajas de la Ley Bauzá. También toman aire en AirBNB y otras multinacionales del alquiler vacacional, para los que la nueva ley que ahora bloquea Podemos planteaba multas de hasta 40.000 euros cada vez que anunciasen un piso sin autorización de Turismo.
La posición de Podemos podría volver a variar mañana, cuando la comisión de turismo del Parlament debatirá soluciones a este bloqueo. De no haberlas, la ley, que se preveía para el próximo martes, se aplazará sin fecha.
