Agopoli Business, empresa propietaria de tres pisos protegidos que se alquilaban ilegalmente a turistas en internet, afronta una multa de 21.000 euros. Seis mil por cada uno de los tres apartamentos que se ubican en dos edificios del barrio palmesano de sa Gerreria. Y otros tres mil euros por retirar de las dos fachadas las placas oficiales del Govern que los identificaban como VPO.
Pero la sanción puede ser todavía mayor. Técnicos de la conselleria de Vivienda están investigando cuál es la relación entre Agopoli Business y Orion, la empresa que gestionaba los alquileres ilegales desde un local de la calle Can Salat, muy cerca de los dos inmuebles investigados.
El Govern busca constatar si Agopoli ha contratado los servicios de Orion para subarrendar los apartamentos. En caso de que así fuera, la multa podría incrementarse considerablemente.
Los tres pisos se ofrecían en Airbnb y en Booking a precios que superaban los 150 euros la noche, tal como desveló este diario el pasado 7 de mayo. Pocas horas después de la publicación los anuncios fueron retirados de Internet, al tiempo que las consellerias de Vivienda y Turismo anunciaban sendas investigaciones.
La primera multa
La inspección de Turismo acabó con una multa de seis mil euros a Agopoli Business por la "comercialización ilegal de alojamientos turísticos" en uno de los apartamentos ubicados en los números 1 y 2 de la calle Forn del Vidre Vell. La conselleria que dirige Biel Barceló no pudo constatar alquiler ilegal en los otros dos pisos. Sí lo ha hecho Vivienda, cuya propuesta de sanción se extiende a los tres.
Trabajadores de la oficina de la calle Can Salat informaban sobre precios, disponibilidad y método de pago a quien se interesara por reservar alguno de los pisos sociales que ofertaban en internet. De hecho, ofrecían la posibilidad de abonar el importe de las pernoctaciones en el propio local
La propuesta de sanción de la conselleria de Vivienda -Agopoli Business tiene ahora un plazo para presentar alegaciones-está motivada en una infracción muy grave del régimen de alquiler público, que en el caso de los inmuebles de sa Gerreria no permite fijar un alquiler superior a 450 euros al mes.
Del mismo modo, la Administración fija una serie de requisitos para acceder a un alquiler social que obviamente no cumplían los turistas que los arrendaban por noches. Y estaban muy cotizados. En Airbnb estaba casi todo reservado hasta septiembre.
Esta es la primera propuesta de sanción económica de Vivienda por prácticas fraudulentas en alquileres sociales desde que el conseller Marc Pons anunció, a raiz del escándalo surgido por este casi, una investigación del parque de pisos protegidos de la isla.
Técnicos de la conselleria han empezado por Palma. De momento han puesto la lupa sobre inmuebles que se ubican en El Molinar y Cala Major que por su ubicación se consideran más proclives a acoger alquiler ilegal.
También están recabando información censal de los pisos. Se descartarán aquellos en los que el censo se haya mantenido estable en los últimos años. La investigación incluye anuncios en internet.
