Las asociaciones que se crearon para aprovecharse de estas subvenciones públicas que entregó el Consell de Mallorca conseguían sufragar los viajes a distintas personas, con el objetivo principal de conseguir atraerlos al partido Unió Mallorquina. Es decir, era un método para fidelizar el voto al partido. El futuro votante era invitado a realizar un viaje, pagado con fondos públicos, y así se conseguía que UM aumentara su caudal de votos en las siguientes elecciones.

El escrito de acusación de la fiscalía destaca la relación que existió entre los funcionarios que intervenían en las subvenciones y los directivos de las asociaciones que recibían este dinero. Debido a ello la tramitación administrativa para el pago de este dinero público estuvo plagada de irregularidades. Además de los pagos, tampoco se controlaba si el dinero se había dedicado al proyecto subvencionado.

La fiscalía también destaca que esta situación de descontrol fue propiciada por los dos altos cargos de la institución, la consellera y el director general, que tenían pleno conocimiento de que la mayor parte de los fondos públicos se destinó a asociaciones de personas próximas a Unió Mallorquina.