Álvaro Gijón se defendió ayer enérgicamente ante el juez Manuel Penalva y aseguró que la Policía se equivoca al interpretar las operaciones económicas que relaciona con intentos para blanquear fondos procedentes de comisiones del contrato de la ORA. El diputado y concejal de Palma, asistido por el abogado José Ramón Orta, entró a declarar después de que el juez hubiera interrogado a sus padres y a su hermano, que el pasado martes fueron detenidos acusados de ayudarle a blanquear este dinero de procedencia sospechosa.

Antes de que diera sus explicaciones a los investigadores, Gijón insistió una y otra vez que es inocente, que nunca ha cobrado comisiones en su carrera política y que puede explicar todas las operaciones que le atribuye la Policía y que, según afirmó, se financiaron con dinero suyo y de su familia. Sobre la vivienda a nombre de la sociedad que compró a su hermano, Gijón aseguró que no se financió con fondos ilícitos. Explicó que este piso lo construyó su padre, que lo inscribió a nombre de una sociedad. La vivienda estaba hipotecada. Su hermano decidió quedárselo y optó por comprar dicha empresa. Según Gijón, su hermano Teo perdió el trabajo, se quedó en el paro y tenía dificultades para pagar la hipoteca, por lo que él fue prestándole dinero. Fue su hermano quien decidió venderle la sociedad, porque era quien estaba pagando el préstamo, acordando que cuando mejorara su situación económica, se la volvería a comprar.

Gijón aseguró que si bien pagó unos 9.000 euros por las acciones de la empresa, que tenía como activo este piso, la vivienda estaba hipotecada. Dijo que siempre consideró que este piso no era suyo, sino de su hermano, aunque él hubiera comprado la sociedad. La Policía discrepa y sospecha que el político le compró el piso a su hermano y se lo pagó en metálico, blanqueando así el dinero de presuntas comisiones del contrato de la ORA.

Préstamo

Sobre el préstamo de 200.000 euros que su madre realiza a una sociedad, Gijón asegura que este dinero nunca ha existido. Explicó que su madre tuvo una tienda de ropa durante más de 20 años, a través de una sociedad. Se estableció un sueldo mensual, que pocas veces pudo cobrar. Cogía el dinero de la caja cuando lo necesitaba. Cuando la tienda cerró y se liquidó la sociedad, el asesor señaló que existía una deuda de 200.000 euros con la madre. Para que esta situación fiscalmente se solucionara, según Gijón, el asesor propuso que se fijara una deuda de la sociedad a favor de su madre, aclarando que este dinero no existía y que la mujer no lo cobrará jamás. Explicó que la sociedad es la propietaria del piso donde viven sus padres, por lo que su madre únicamente cobraría la supuesta deuda si la vivienda se vendiera.

El político también explicó su participación en la sociedad dedicada a la venta de comida preparada. Explicó que compró una franquicia de un restaurante de comida japonesa con unos socios, pero que el proyecto fue un fracaso, perdiendo la inversión. Después creo una segunda sociedad para continuar con el proyecto del restaurante y montó un local en la Playa de Palma, que tuvo que cerrar a los pocos meses porque todo fueron pérdidas. Reiteró que todas los traspasos económicos se realizaron a través de transferencias bancarias, negando que hubiera utilizado un testaferro argentino, que en estos momentos está fuera de España.

La Policía, sin embargo, realiza una interpretación muy distinta. Sospecha que el político iba regando esta sociedad con diferentes transferencias económicas como un modo de blanquear el dinero, ya que esta empresa no tenía ningún tipo de actividad.

Gijón abandonó el juzgado sin ningún tipo de medida cautelar, entre otras cosas porque el juez no las puede adoptar porque el político es aforado, por su condición de diputado autonómico.

Tampoco se adoptó ningún tipo de medida cautelar ni contra los padres, ni contra el hermano de Gijón, que negaron al juez que las maniobras económicas que denuncia la Policía estén relacionadas con el blanqueo.