Los alquileres de Balears iniciaron un proceso de fuerte encarecimiento a partir de 2015, y este fenómeno ha ido acompañado de otro paralelo: también se han multiplicado las demandas relacionadas con el impago de estas rentas o por la falta de acuerdo para prorrogar el contrato. En solo dos años, las sentencias relacionadas con estos temas se han elevado más de un 50%.

Los datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística desvelan que durante 2016 se registraron en las islas 441 sentencias vinculadas al alquiler de viviendas. Eso convierte a Balears en la quinta autonomía con mayor número de casos que terminan en los tribunales (solo las superan Cataluña, con 2.354; Madrid, con 1.353; Andalucía, con 1.088; y la Comunidad Valenciana, con 708), dejando atrás a zonas del país con mucha mayor población.

Estas 441 sentencias a lo largo de 2016 suponen un crecimiento del 14,5% respecto a 2015 y del 54,1% si se comparan con las de 2014. Este último dato es especialmente relevante porque muestra la evolución que se ha registrado durante los dos años en los que los alquileres han presentado un importante encarecimiento. Hay que recordar que solo durante 2016 el precio de los arrendamientos isleños subió más de un 18%, tasa que supera el 30% en zonas como el Casco Antiguo de Palma, según los datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears.

La principal causa de estos litigios es el impago de la renta o de cantidades vinculadas a ésta, como las fianzas, con 377 sentencias, con un incremento del 42,8% en relación a lo que sucedía en 2014. Según el presidente del colegio balear de agentes de la propiedad, José María Mir, el encarecimiento de los alquileres se perfila como el principal motivo de estas demandas, al hacer cada vez más difícil para muchas familias el poder asumir las rentas que actualmente se reclaman.

En este sentido, conviene recordar que desde Cáritas se destacaron recientemente los crecientes problemas de muchas familias para poder asumir el coste que supone el acceso a una residencia, lo que está generando también un alza entre las personas que optan por ocupar viviendas que se encuentran vacias.

No prorrogar el contrato

Pero la segunda causa también esta relacionada con este fuerte encarecimiento. Hay 18 sentencias relacionadas con casos en los que el dueño del inmueble se niega a prorrogar el alquiler, cuando en 2014 solo se habían dado dos. Según Mir, lo que está sucediendo es que inquilinos que habían firmado un contrato por tres años, antes de que se iniciara la subida de los precios, se encuentran ahora con que el arrendador no quiere prorrogarlo por ese valor y reclama una fuerte subida de la renta que percibe para actualizarla al actual valor del mercado.

Hay que tener en cuenta también que muchas personas han apostado por el alquiler vacacional de sus inmuebles a la vista de la elevada rentabilidad que se consigue sin necesidad de mantener la vivienda ocupada durante todo el año.

Aunque con cifras mucho más bajas, aparecen otros dos tipos de litigio relacionados con los arrendamientos de viviendas durante 2016 de los que no se había dado ni un solo caso en los cuatro ejercicios previos. En concreto, aparecen dos sentencias vinculadas a subarriendos o cesiones no consentidas por el propietario, es decir, situaciones en la que un inquilino decide a su vez subalquilar la casa a un tercero.

Además, hay otras dos sentencias sobre inquilinos que no están usando el inmueble como vivienda permanente. Según señala el presidente de los agentes de la propiedad, este caso se da en ocasiones entre personas mayores que tienen alquilada la vivienda pero optan por pasar la mayor parte del año en la casa de algún hijo.

Las 42 sentencias restantes se deben diferentes situaciones no incluidas en estos grupos.