El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneoproposición de ley balearcontra lasprospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, aprobada por unanimidad por todos los grupos del Parlament, incluido el PP. El Ejecutivo central esgrime que la normativa supondrá un incremento de los créditos y un descenso de los ingresos presupuestarios para evitar que llegue a tramitarse en el Congreso de los Diputados, donde los populares no tienen la mayoría.

Para frenar la norma autonómica, el Ministerio de la Presidencia ha remitido un informe negativo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Ello provocará que la Mesa del Congreso, donde el PP sí cuenta con el apoyo de Ciudadanos, paralice la iniciativa legislativa que respaldan todos los grupos parlamentarios de las islas.

No es la primera vez que el Gobierno utiliza esta estratagema para impedir que una ley balear pueda tramitarse en la Cámara baja, como viene denunciando la oposición. En el caso de Balears, el PP estatal ya recurrió a este sistema de veto con la tarifa plana para los vuelos interislas.

El Parlament aprobó el pasado mes de abril por asentimiento una proposición de ley para rechazar las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo, con el objetivo de "proteger el mar bajo jurisdicción española del posible deterioro que puedan producir en el medio marino las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales".

Tres diputados autonómicos debían viajar a Madrid para defender la iniciativa en el Congreso, al tratarse de una ley de su competencia. No obstante, lleva camino de ni siquiera tramitarse.

El informe remitido a Pastor tumba la posibilidad de que la proposición de ley eche a andar, argumentando que disparará los créditos presupuestarios y hará caer los ingresos. En concreto, sostiene que debido los proyectos actualmente en marcha en el área, la aprobación de la proposición de ley podría suponer un impacto presupuestario de casi 5 millones de euros en concepto de tarifas.

Asimismo, desde el Ministerio citado se alerta de que la normativa impulsada desde las islas implicaría el pago de indemnizaciones a las empresas concesionarias de la explotación de hidrocarburos en la zona del Mediterráneo de más de 160 millones de euros.

En la actual legislatura, los partidos de la oposición vienen denunciando que el PP frena leyes auspiciadas por la izquierda desde el Congreso o los Parlamentos autonómicos, evitando su tramitación y posterior debate. La clave que lo explica, aseguran, es la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra Rajoy. Al controlar el PP la Mesa del Congreso,tiene capacidad para evitar perder votaciones en los plenos.

El paso previo es un dictamen con el argumento de que no hay partida presupuestaria, como en el presente caso.