La investigación sobre la trama policial cada vez se complica más para los imputados. Cada día hay más testigos que detallan todas las tropelías que habrían cometido un grupo de policías, cada vez más numeroso, aprovechándose de su condición de funcionarios de la autoridad.

Aunque todavía parece que faltan muchos meses para que el juez levante el secreto de la investigación, la parte no secreta aporta datos muy importantes para el desarrollo del caso. Más allá de que se implique a Rodríguez y a Gijón con el empresario Cursach y con el consumo de cocaína y prostitución, los testigos que van declarando van aportando detalles que cada vez empeoran más la situación procesal de los policías que, desde el principio, han estado en el centro de la diana de la investigación. Se sabía hace tiempo que un grupo de funcionarios, actuando con uniforme, acudían a determinados negocios nocturnos para exigir dinero o sexo a los propietarios. Agentes de la autoridad que tenían el poder que les concede el Ayuntamiento para poder cerrar un negocio si no cumple alguno de los cientos de requisitos que exigen las ordenanzas. Pero los empresarios siempre tenían la posibilidad de evitar sanciones si pasaban por caja, es decir, si sobornaban a los policías.

Sin embargo, la investigación ha dado un paso más y ahora ya se apunta a un hecho mucho más grave: la Policía Local de Palma, y también la de Calvià, estaban al servicio del empresario nocturno de la isla. Bartolomé Cursach, según apuntan el juez y el fiscal, financiaba las fiestas privadas que se organizaban en la discoteca Tito's, con la presencia de policías locales, (siempre los mismos), a los que se invitaba a alcohol, droga y sexo.

¿Todos mienten?

La mayoría de testigos que ha declarado en esta causa no han coincidido nunca, salvo algún antiguo trabajador. Pero lo cierto es que personas que no se conocen de nada, cuando se les pide que identifiquen a los policías que acudían a estas fiestas, siempre apuntan hacia las mismas personas. Entonces, si es así, ¿todos mienten?, ¿Existe una trama organizada para perjudicar a policías locales no se sabe muy bien con qué propósito?, ¿El juez y el fiscal son tan irresponsables para dar crédito a cualquier testigo? La respuesta cae por su propio peso.

Los abogados, dentro de su legítima labor de defender a su cliente, harán cuanto puedan para desacreditar a estos testigos. Pero la verdad es que no existe precedente en el que se haya logrado demostrar que tantas personas, que cuentan la misma versión, están mintiendo.

Pero esta maniobra para desacreditar a los testigos, no solo por parte de los abogados, sino también a través de otros medios, ya ha empezado. Por ejemplo, se está intentado despedazar a la mujer que ha declarado que José María Rodríguez y Álvaro Gijón eran clientes habituales del burdel que ella regentaba y que ambos políticos, además de tener relaciones sexuales con las prostitutas, también consumían cocaína. Y, además, ha asegurado que ninguno de los dos políticos pagaban de su bolsillo estos caros servicios sexuales, lo hacía el empresario Bartolomé Cursach.

En los últimos días se está intentando demostrar que esta mujer miente, que es una mujer conflictiva y que no aporta una sola prueba de todo lo que cuenta. Pero, únicamente escuchando la grabación de su declaración, se nota que ni el juez Penalva, ni el fiscal Subirán opinan lo mismo. Al contrario, están convencidos de que la testigo cuenta la verdad y que las contradicciones en las que ha podido caer (algunas de ellas ya aclaradas) son pequeños errores que no pueden tapar el caudal de información que facilita, que dificilmente una persona puede inventarse por la cantidad de datos que está aportando.

Esta testigo, que no obtiene ni un solo beneficio por colaborar con la investigación (salvo una agresión en el portal de su domicilio) ha aportado muchos datos que se han corroborado con otras fuentes. Por ejemplo, otras personas la sitúan en Tito's, donde ella identificó a los policías que asistían a estas fiestas privadas, además de confirmar que en la discoteca se consumía droga. También se demuestra que conocía a Gijón, porque fue ella, como empresaria, quien organizó un torneo de pádel, casualmente en el gimnasio de Cursach, en el que también tuvo contacto con muchos policías que después situó en la discoteca.

Expertos, tanto judiciales como policiales, coinciden en que es muy difícil, aunque no imposible, que un testigo pueda engañar a un juez, porque está más que acostumbrado a interrogar y tiene la habilidad de saber de inmediato si le están engañando o le están contando la verdad. Con la experiencia se va depurando esta habilidad. Y a esta testigo, no solo el juez la cree. También el fiscal y los policías que investigan coinciden en que está contando la verdad.

En el TSJB

El sumario de la corrupción policial, con casi un centenar de personas investigadas, podría terminar en breve en el TSJB y ello debido a la condición de aforado del diputado Gijón. Si el político no dimite y, según ha anunciado, no piensa hacerlo, seguirá siendo aforado. El juez Penalva, no puede investigar, pero no puede adoptar ninguna medida cautelar contra él. Solo lo puede hacer el TSJB.