El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco advirtió ayer en Palma, en una charla sobre delitos fiscales y blanqueo de capitales organizada por el abogado y exfiscal anticorrupción Pedro Horrach y Caixabank, la importancia de implantar en las empresas medidas para prevenir la comisión de delitos. "La ley no obliga a elaborar estos planes, pero premia a las sociedades que las tienen, llegando a eximirlas de la responsabilidad penal", señaló Velasco, que agregó que la legislación prevé incluso "la disolución de empresas y partidos políticos" implicados en la comisión de delitos. El coloquio, que tuvo lugar en el CaixaFòrum ante unas 300 personas, contó también con la participación de la inspectora jefa de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Mourelo, el inspector de Hacienda del Estado José María Peláez y el presidente del Club Siglo XXI, Gerardo Seeliger.
Velasco explicó que una reforma legal llevada a cabo a finales de 2010 acabó con la máxima de que las empresas no podían delinquir y amplió su responsabilidad, limitada hasta entonces al plano civil, al ámbito penal. "Se fijaron 26 categorías delictivas que podían cometer las empresas, como blanqueo, estafa, financiación ilegal de partidos, delitos ecológicos...", señaló Velasco, que detalló que en su juzgado ha llegado a investigar a 88 compañías, una de ellas por enviar desde Ceuta y Valencia uniformes al Estado Islámico, que podría ser considerado financiación del terrorismo en especie.
Consecuencias penales
Las sociedades pueden ser perseguidas como tales por las acciones irregulares tanto de directivos como de empleados que actúen en nombre y a beneficio de la empresa, señaló el juez. "Obviamente, a una empresa no se la puede meter en prisión", bromeó Velasco sobre las consecuencias penales. Detalló que las sanciones van desde la suspensión temporal de la actividad y la clausura de sus locales hasta la intervención judicial y la disolución.
El magistrado destacó la importancia de que las empresas elaboren planes de prevención delictiva, que pueden llegar a exonerarlas de la responsabilidad penal. "Nuestro sistema legal no obliga a implantarlos, son voluntarios, pero premia a quienes lo hacen eximiéndoles" del delito, afirmó Velasco, que citó el caso de Bankia, exculpada por la fiscalía de las presuntas irregularidades en su salida a bolsa en 2011 por "haber enmendado los errores y hecho políticas que merecen premio".
El inspector de Hacienda José María Peláez, por su parte, criticó la falta de medidas concretas para acabar con los paraísos fiscales. "No hay voluntad política internacional para acabar con ellos. Cumplen su papel a la perfección", aseguró. Peláez destacó que las empresas del Ibex35 han multiplicado en los últimos años su presencia en estos territorios fiscalmente opacos. "En 2009 tenían 272 empresas en paraísos fiscales y en 2015 eran 969", afirmó. Caridad Mourelo dijo en su intervención que la amnistía fiscal de 2012, anulada por el Tribunal Constitucional, permitió obtener "mucha información."
