La fiscal anticorrupción Laura Pellón reclamó ayer, en una vistilla previa celebrada en la Audiencia de Palma, que el PP de Balears devuelva los fondos públicos que el Govern de Jaume Matas supuestamente desvió a Over Marketing, la agencia de publicidad que llevó las campañas electorales del partido conservador en las islas en 2003 y 2007. La vistilla dio pie a los letrados defensores del expresident del Govern Jaume Matas y del publicista Daniel Mercado, dueño del grupo Over, a pedir que las tres causas en que se dividió el caso Over se juzguen en un único juicio.

La sección segunda de la Audiencia celebró una vistilla preliminar de la subpieza separada 3 del caso Over y a ella asistieron los cuatro acusados: Jaume Matas, Daniel Mercado, el exconseller de Interior y exsecretario general del PP de Balears José María Rodríguez, y, mediante vídeo conferencia, María Luisa de Miguel Oñate, exsecretaria general técnica de Interior y exesposa del antiguo dirigente del PP Javier Rodrigo de Santos.

La fiscal Laura Pellón señaló que en su escrito de acusación reclama al PP 18.000 euros que habrían sido desviados (entre 2004 y 2005) por la conselleria de Interior a Mercado, como pago, entre otros contratos públicos, por sus favores durante la campaña electoral del 2003.

Mercado, defendido por Jaime Sanz de Bremond, reconoció en 2012 que regaló trabajos, hizo descuentos y cobró servicios en dinero negro al PP para que éste no sobrepasara los límites legales de gasto electoral. A cambio, el publicista pactó con el president del Govern Jaume Matas que recibiría suculentos contratos publicitarios de las administraciones regidas por el PP.

El PP no está emplazado

Pellón hizo ver al tribunal que no consta que el PP haya sido emplazado para personarse como posible responsable civil, pese a que la fiscalía lo solicitó en su escrito de calificación provisional.

La sección segunda de la Audiencia decidió ayer devolver el sumario al juez José Castro para que emplace al PP.

De forma paralela, el abogado de Mercado, para el que las acusaciones reclaman 1 año de prisión por su condición de imputado arrepentido, pidió al tribunal que las tres causas en las que se dividió el caso Over (las subpiezas separadas 1,2 y 3) sean juzgadas en una vista y no en tres.

Saenz de Bremond argumentó que los tres casos parten de una situación común: el supuesto pacto entre Mercado y Matas para realizar favores electorales a cambio de contratos públicos, que fueron otorgados por distintas consellerias. Castro optó por fragmentar el sumario para facilitar la instrucción y su enjuiciamiento en virtud del departamento que desvió los fondos en favor de Over: Interior, Salud y la dirección general de Tecnología, a cuyo frente estaba Encarnación Padilla, cuñada de Jaume Matas y también acusada.

Sanz de Bremond también alegó que buena parte de los testigos propuestos para las tres vistas son comunes, lo que, de no hacer una única vista supondrá interrogar tres veces a las mismas personas por los mismos hechos.

La abogada de la acusación particular en nombre del Govern, María Ángeles Berrocal, apoyó la unificación de las vistas para evitar sentencias contradictorias dado que los casos los pueden ver tres tribunales distintos.

Josep Zaforteza, abogado de Jaume Matas, también reclamó un juicio común e insistió en que a Matas y a Mercado se les acusa de lo mismo en las tres subpiezas separadas.

El tribunal señaló que resolverá más adelante sobre la unificación de las causas, dos de las cuales están todavía en el juzgado de instrucción 1 pendientes de que algunas defensas las califiquen.

Por su parte, los defensores de Rodríguez y De Miguel se opusieron a una sola vista, dado que se corre el riesgo de que se convierta en un macroproceso.

La fiscalía anticorrupción reclama sendas penas de 5 años de cárcel para Matas, Rodríguez y De Miguel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otros delitos de prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la administración. El Govern también ha formulado una acusación similar a la de la fiscalía anticorrupción.