En 17 meses de Govern de PSOE y Més aumentó más el número de plazas de alojamiento para turistas que en los cinco años anteriores. Los datos son de la conselleria de Turismo, la interpretación corre a cargo del colectivo ecologista Terraferida y la explicación tanto de los números como de su lectura no hay que buscarla en el pasado, sino en el futuro: el incremento fulgurante de alojamientos turísticos está estrechamente ligado al anuncio del Govern del Pacto de que va a endurecer la ley para arrendar a turistas y abrir nuevos hoteles, aviso realizado el año pasado sin fijar una moratoria de nuevas licencias, que tuvo como efecto inmediato una estampida de solicitantes de plazas turísticas.
Lo denunciaba ayer Terraferida, que, con datos oficiales en la mano, asegura que en estos momentos se están tramitando 50.557 nuevas plazas para turistas, 39.004 de ellas de alquiler vacacional y otras 11.553 correspondientes a nuevos hoteles. El salto es tal que supone incrementar un 15% la capacidad de alojamiento legal de la isla, que se quedará cerca de las 400.000 camas, frente a las 333.165 actuales. Y a ellas se sumarán las más de 130.000 que se estima que se ofrecen de forma ilegal en pisos de edificios plurifamiliares, vedados por ley al alquiler vacacional. El aumento, dice Terraferida, es consecuencia de la decisión del vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), de anunciar una nueva ley más restrictiva sin aprobar al tiempo una moratoria que prohibiese la inscripción de nuevas plazas. De ahí, "el efecto llamada" del que habla Terraferida.
También lo leían durante esta semana en Diario de Mallorca, que detallaba en su portada del martes cómo a la publicación en diciembre de 2016 del borrador de la reforma que endurece el acceso al alquiler turístico siguió un alud de declaraciones responsables de inicio de actividad, el único trámite que con la ley vigente (PP, 2012) se exige a las casas aisladas y los chalets adosados para empezar a comercializar sus habitaciones a viajeros. Los datos son claros: con el anuncio de la reforma se pasaba de picos de 150 declaraciones mensuales a mes con más de 600 nuevas licencias, como ocurrió en abril de este año.
Ese mes se batió el récord de nuevos alojamientos de alquiler, coincidiendo con la aprobación en consejo de Gobierno de una reforma que entrará en vigor a finales de este mes o principios de julio, en cuanto la apruebe el Parlament. Desde ese momento, quienes no hayan tramitado la licencia de alquiler para su casa, deberán esperar meses a que el Consell Insular defina en qué zonas permitirán nuevas licencias, y luego tendrán que cumplir condiciones de calidad más duras, para acceder a un permiso que, a diferencia del actual, caduca a los cinco años.
De ahí la estampida, de la que ayer daba más datos Terraferida: según la información oficial que han recibido de la Conselleria, se están tramitándose 39.004 plazas de alquiler turístico, de las que 10.133 han entrado durante los cinco primeros meses de este año, en los que se incorporaron a la actividad 1.569 casas vacacionales.
Y hay más: la carrera por el maná turístico también es hotelera. El efecto se repite: la reforma endurece igualmente las condiciones para los hoteleros, que, ante esa certeza, han acelerado para aprovechar los resquicios que deja la legislación que legó el PP. Todo porque la nueva ley acaba con las excepciones que aún permiten nuevos hoteles de cinco estrellas, nuevos agroturismos, o establecimientos dentro de zona urbana (categoría en la que, con la ley del PP en la mano, entra por ejemplo la Platja de Palma). ¿Resultado? Los empresarios están tramitando 11.553 camas más. Las prisas hacen que solo en lo que va de año se hayan presentado 26 nuevos hoteles, con 1.484 plazas de diferente categoría.
"Es una amnistía de facto"
Entre todos, tramitan esas 50.557 nuevas plazas que hacen aún más insostenible la actividad turística, explican dede Terraferida, donde desnudan otra inconsistencia de la reforma: el Govern fija un límite de 43.000 plazas adicionales en la isla de Mallorca, pero con las 50.557 que están tramitando antes de aprobar la ley, en cuanto el techo de plazas entre en vigor ya se estará incumpliendo. Habrá así 7.000 camas de turismo más de las permitidas, y todo gracias a una reforma aprobada sin la moratoria que pedían los ecologistas de GOB y de Terraferida, que acusan al Govern de haber propiciado "una amnistía de facto", permitiendo de paso "el crecimiento de plazas turísticas más grande de la historia de la isla".
