El informe de la Intervención de la Comunidad Autónoma sobre los contratos de las conselleries de Més al jefe de campaña del partido, Jaume Garau, no ha sido remitido por el Govern a la Fiscalía. Tal y como reveló ayer este periódico, el Ejecutivo solo hizo públicas las conclusiones finales, ocultando el anexo II donde los funcionarios de intervención hablan de "fraude de ley" en la contratación de Garau por parte de la conselleria de Cultura. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Pilar Costa, intentó defender la actuación del Ejecutivo en este asunto, pero tuvo que admitir que el fraude de ley existe: "Ha habido todo lo que el informe dice que ha habido", concluyó Costa.
Este periódico preguntó a Costa sobre cuáles son las intenciones del Govern sobre este informe, después de las revelaciones del anexo que apunta a "fraude de ley" y "fraccionamiento ilícito". La titular de Presidencia, ahora también responsable de Transparencia, indicó que este informe no ha sido remitido a la Fiscalía porque cree que es "posterior" a que desde el Ministerio Fiscal solicitaran los expedientes. Pese a ello, aseveró que "el Govern ha colaborado y colaborará en lo que haga falta con la Fiscalía". De las afirmaciones de la consellera se dedujo con toda claridad que no hay intenciones de hacer llegar el informe a Fiscalía, a no ser que los funcionarios de Justicia lo soliciten. "Este Govern ya asumió responsabilidades políticas muy importantes por este asunto", indicó.
Por otra parte, Costa negó que haya existido "voluntad de ocultar los anexos" mucho más contundentes contra las prácticas de contratación de los cargos de Més que el informe revelado por el Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern apuntó que en su momento se hizo público el informe final en el que se hacía referencia a dos anexos incluidos en el expediente, pero que no se revelaron al considerar que la información esencial la contenía el informe, no los anexos.
Tal y como desveló ayer Diario de Mallorca, el anexo II, referente a las respuestas a las alegaciones del informe provisional, los funcionarios de Intervención afirman que se "detecta fraccionamiento indebido" en dos de los contratos, el estudio de hábitos de consumo de cultura y el de la realización de encuestas de hábitos de cultura, encargados al IEB y a la Conselleria de Transparencia.
Además, de la "división ficticia" del contrato, Intervención señala también que "cabe deducir que se produjo una división ficticia de la competencia", una conducta que se puede encuadrar en el "concepto de fraude de ley".
Hay que recordar que, tras la divulgación de la parte ligth del informe, Més emitió un comunicado jactándose de que sus contratos con Jaume Garau fueron adecuados.
