La anterior cúpula de Més en la conselleria de Cultura, destituida por adjudicar varios estudios a dedo al jefe de campaña del partido, no solo hizo un "fraccionamiento ilícito" de contratos; también incurrió en "fraude de ley" según la Intervención del Govern. Así lo establecen los tres interventores de la Comunidad en su informe completo de fiscalización de cinco contratos por valor de 130.000 euros en menos de un año a Jaume Garau. El Ejecutivo de Francina Armengol esconde esta parte del dictamen: el pasado 26 de mayo en realidad solo hizo público uno de los tres documentos de que consta el informe íntegro.
El anexo II, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, contiene afirmaciones mucho más duras que las divulgadas hasta ahora. Entre otros puntos, Intervención sentencia que para realizar el polémico estudio sobre hábitos de consumo cultural en Balears, los altos cargos de Més cesados en Cultura realizaron una "división ficticia del contrato", con el objeto de esquivar los controles legales. Y recalca: "Esta conducta se puede encuadrar en el concepto de fraude de ley, previsto en el artículo 6.4 del Código Civil y en el artículo 4.3 de la Directiva europea sobre contratación pública. Añaden en otro punto que la ley prohíbe "fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía y así eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento".
Més solo admitió errores menores
La censura contundente de los tres funcionarios a la actuación de los políticos ecosoberanistas destituidos choca con la postura exhibida por la dirección del partido. Al poco de divulgar el informe troceado -pese a conocerlo en su totalidad, Més mostró su "satisfacción por que los técnicos del Govern hayan confirmado que los procedimientos seguidos [para contratar a Garau] fueron los adecuados" sin "deficiencias reseñables", sino "muy menores". Més hasta se permitió tildar de "presunto" el fraccionamiento, cuando incluso en la parte desvelada del informe Intervención ya concluía que "se ha producido un fraccionamiento indebido". También se jactó de su "voluntad de transparencia".
Tras desvelar este periódico las controvertidas adjudicaciones a Garau, el Govern encargó su fiscalización. Colgó las conclusiones en su web oficial en viernes a las 17,56 horas; omitió los dos anexos que se citan en el texto principal. Recogen las alegaciones que los altos cargos de Més en la Conselleria presentaron a las conclusiones provisionales que alcanzó Intervención, apuntando ya al fraccionamiento.
Los interventores censuran implícitamente la actuación del exdirector general de Cultura, Jaume Gomila; el exdirector del Institut d'Estudis Baleàrics, Josep Ramon Cerdà; y el ex secretario general de la Conselleria, Xavier Bacigalupe, todos de Més. Los interventores tumban su defensa del procedimiento usado para la contratación de Garau: "Los argumentos que se ponen de manifiesto en el escrito de alegaciones no se encuentran reflejados en los objetos de los contratos, ni en la secuencia temporal de su adjudicación, ni tampoco en la documentación presentada [...]", replican los funcionarios.
Intervención sostiene repetidamente que se produjo el "fraccionamiento ilícito" de dos contratos menores para un estudio sobre hábitos de consumo cultural en Balears. La expresión se rebajó a "fraccionamiento indebido" en el único texto dado a conocer hasta el momento por el Govern.
El importe global del estudio otorgado a Garau -unos 43.000 euros- impedía legalmente la adjudicación directa. Por ello, los altos cargos de Més desalojados de Cultura realizaron "la división ficticia del contrato", señala Intervención; de este modo pudieron adjudicarlo a dedo y sin publicidad en dos encargos: uno a Garau (21.538 euros) y otro a una consultora que hizo las encuestas (21.417 euros), empresa con la que el ex jefe de campaña de Més ahora expulsado comparte trabajos. El primer contrato menor lo adjudicó el Institut d'Estudis Baleàrics, y el segundo la dirección general de Cultura.
El hecho de que el análisis del sondeo se pidiera el 9 de mayo de 2016, y el trabajo de campo tres días más tarde, el 12 de mayo -y no a la inversa-, llamó la atención de Intervención: "Vista de manera conjunta la documentación de los contratos número 2 y 3, y las secuencias temporales de los encargos, cabe deducir que también se produjo una división ficticia de la competencia", denuncia.
