Los profesores de la concertada (4.000 docentes que atienden a casi el 40% de los escolares de las islas) tienen paciencia. Pero no tanta. Sus representantes sindicales han sido convocados hoy a una reunión en Educación y llegan todos con el ambiente bélico preparado tras unos días previos compitiendo a ver quién es más batallador. USO “lanza un ultimátum”. El STEI-i recurre a la exclamación: “¡La concertada ha de recuperar sus derechos!”. FSIE reclama volver a las condiciones pre-crisis “de una vez por todas”. Y CCOO ya amenaza con encierro: “No saldremos de la mesa sin una solución equitativa”.
La ‘extra’ que nunca llega y otros retrasos
Entre otras cosas, reclaman acabar de cobrar ese tercio de la extra (unos 600 euros) que Montoro les dejó de pagar hace cinco años y que los colegios de la pública cobraron en enero y ellos no, aunque se les garantizó que la devolución sería en los mismos plazos. Dirán ‘no es para tanto, acabarán cobrando’. Pero hablamos de un colectivo que firmó un acuerdo de equiparación salarial en 2008 que fue congelado dos años después, que no fue reactivado hasta 2016 y que no acabará de completarse hasta 2019. Mucha espera acumulan ya. Hasta Podemos, que defiende suprimir la concertada, apoyó la semana pasada la proposición no de ley del PI para que la recuperación de todo lo perdido durante la crisis sea en los mismos términos entre ambas redes (como cobrar el 100% del sueldo a partir de los cinco días de baja: algo que ya sucede en la pública).
Cambia el ‘dircom’ de la UIB
La realidad no le deja mucho tiempo a Huguet para recrearse en el subidón de la toma de posesión. Mientras juraba el cargo, una familia que hizo ‘un donativo’ a la fundación de Escribá se presentaba en el caso Minerval como acusación particular. Y ayer, el departamento de Filología Catalana hacía llegar un comunicado criticando la opción de los exámenes en castellano en Selectividad, responsabilizándole a él y a Martí March. Sobre este tema, el conseller ha señalado que le parece bien hacerlo como en Cataluña pero se ha desmarcado de la decisión final, que según él corresponde a la UIB. Mientras, Huguet ha asegurado que fue una decisión conjunta. Este diferente modo de ver las cosas y la política de ‘no-comunicación’ para informar sobre esta novedad ha generado cierto malestar entre ambas instituciones. Por cierto, tras la gestión pública que se hizo al estallar el caso Minerval (que hizo arremangarse y ‘volver’ a Jaume Sureda para reconducir la situación) cesa en el cargo el director de la estrategia de comunicación (‘dircom’), Antonio Fernández-Coca, que sigue como delegado al rector. Toma el relevo Jordi Llabrés, vicerrector que coordinó con solvencia la prensa del menorquín en la campaña electoral. Primer reto: Huguet y Jaume Carot comparecen mañana en el Parlament para dar explicaciones sobre sus actuaciones ante la supuesta estafa gestada en el campus.
