El decreto con el que el Govern del Pacte quiere acabar con los taxis pirata y el transporte ilegal salió ayer adelante con el apoyo unánime de todos los partidos: 55 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. La reforma incorpora a la normativa medidas para que solo los taxis puedan recoger clientes en la vía pública. De ese modo, los servicios de transporte con chófer, que están incorporando de forma masiva vehículos a través de empresas y plataformas como Uber y Cabify, solo podrán prestarse a clientes que lo hayan contratado previamente. "No podrán captar clientes fuera de las oficinas", resumía ayer en el Parlament el conseller de Transportes y Movilidad, Marc Pons, que con este decreto trata de dar respuesta definitiva a una guerra entre transporte legal e ilegal que hace dos semanas degeneró en una batalla campal entre taxistas y chóferes en el aeropuerto, con miles de turistas como testigos.
"Había que establecer nuevas regulaciones urgentes. Estamos ante una temporada turística que se prevé masiva y no podemos dejar pasar más tiempo sin actuar", recalcó Pons, convencido de que el decreto pondrá coto al "intrusismo" en el transporte. Destacó así que entre las medidas se incluye un nuevo régimen sancionador, en el que figuran multas de hasta 12.000 euros para quien publicite transporte irregular.
Desembarco desde la península
El Govern creará un registro al que deberán incorporarse todos los transportistas que operan en Balears, incluidos los que llegan de otras comunidades para hacer la temporada. "Y será una infracción grave no cumplir los requisitos por vehículos con chófer enviados de otras autonomías", avisó Pons, que presume de que la normativa "es pionera a nivel nacional", y da a los Consells Insulars herramientas para controlar el transporte pirata y "mejorar la competitividad y la imagen de las islas como destino".
El PP, a través de la diputada Mabel Cabrer, votó a favor del decreto, aunque con un matiz: lo hacen por lealtad al sector y a un "Govern que cree necesario una reforma urgente frente a problemas que se están produciendo", pero no están de acuerdo con la forma en que el Ejecutivo autonómico ha llevado las negociaciones ni con el hecho de que se resuelva por decreto. "Usted, señor Pons, ha improvisado un ataque al sector del transporte y lo ha hecho con falta de transparencia, cuando lo que hacia falta era tranquilidad", cargó Cabrer.
Desde Podemos, Laura Camargo explicaba que, aunque creen el decreto insuficiente, lo apoyan para dar soluciones urgentes en otra temporada de récords de coches y saturación. Por todo ello, Camargo pedía al Govern una nueva Ley de Movilidad, que impulse el transporte público, con el tren como eje, en el caso de Mallorcan. En la misma línea se expresaba Jaume Font, portavoz de El Pi, que pedía un debate más amplio y contundencia contra la actividad irregular en el transporte. "Estos mafioso deben saber que vamos a por ellos: están comprometiendo la vida de personas del taxi y el transporte que intentan salir adelante, a los que les cuesta mucho pagar los impuestos y sacar la hipoteca de toda una vida", alanceaba Font.
