El rescate del Túnel de Sóller acabará en los tribunales por un desfase de 13,6 millones de euros entre lo que pagará el Consell por levantar la barreras del peaje el 1 de septiembre y lo que reclama Globalvía, la concesionaria de la infraestructura. La empresa lamentó la decisión "unilateral" de la institución insular y su poca disposición a llegar a un acuerdo, por lo que presentará un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) una vez el Consell haya abierto los 3.023 metros de túnel a todos los ciudadanos de manera gratuita.
Globalvía reclamará al Consell 31 millones de euros por el rescate. Veintitrés en concepto del lucro cesante hasta 2022, cuando caduca la concesión y el túnel sería gratuito sin intervención administrativa. Los otros ocho millones son la inversión pendiente de amortizar hasta ese año, según cálculos ofrecidos ayer por una portavoz de la concesionaria.
El Consell, por su parte, considera que el rescate es un asunto de interés público y lo valora en 17,4 millones de euros en base a un peritaje que desde la compañía calificaron de "ilógico". La diferencia económica es notable, por lo que parece inevitable un desenlace en los tribunales.
La concesionaria entiende que la decisión del Consell de rescatar el Túnel solo se sostendría en caso de que se hubiese detectado una mala gestión de la infraestructura, y lamentó que el departamento de Territorio e Infraestructuras que dirige Mercedes Garrido no haya ofrecido alternativas a suprimir el peaje.
8.500 vehículos al día
"No existe una situación excepcional que justifique esta decisión del Consell", argumentó esta portavoz, al tiempo que cifró en un ocho por ciento el incremento de los ingresos de explotación del Túnel de Sóller con respecto a 2016. Según las estimaciones de la compañía, el crecimiento en los próximos años será del cinco por ciento.
La empresa lamentó que la decisión de la institución insular llega en un momento en el que el tráfico de vehículos por la vía ha aumentado considerablemente. La infraestructura recibe una media de 8.500 coches al día; doce mil en una jornada punta. El 75 por ciento -dos de cada tres- son turistas, según cálculos de la compañía.
Las posturas entre Globalvía y el Consell no pueden estar más alejadas a día de hoy. "Nunca han tenido intención de negociar", criticó la representante de la empresa, deseosa de que el departamento de Garrido hubiera sido permeable a explorar posibles soluciones.
Los residentes de Sóller, Fornalutx y Escorca disfrutan de un descuento del 75 por ciento, por lo que únicamente pagan 1,30 euros cada vez que transitan por el Túnel. Esa cantidad es abonada por el Consell. El resto de vehículos abonan 5,10 euros por trayecto.
La portavoz de Globalvía, que recordó que estas tarifas las fija el Consell y no la concesionaria, advirtió de que la iniciativa de la institución insular "no tiene precedentes" y que "creará inseguridad jurídica". "Es la primera vez en nuestra historia que nos sucede algo similar", subrayó.
Los dieciséis trabajadores del Túnel de Sóller serán subrogados automáticamente cuando se levanten las barreras. El Consell sacó a concurso público el mantenimiento de la infraestructura, pero todavía no hay adjudicatario pese a que el peaje, el único que existe en Mallorca, se suprimirá en solo dos meses y medio.
El departamento de Garrido considera que el precio del rescate que se ajusta a la ley es de 17,4 millones de euros, algo más de la mitad de lo que reclama la empresa concesionaria.
La pretensión inicial era sacar ese dinero del convenio de carreteras, aunque la oposición formada por el PP y Ciudadanos criticó en su día que esa partida económica solo puede destinarse a sufragar obra nueva y no al rescate de infraestructuras ya en funcionamiento. "Socialmente quedará muy bien, pero al final pagaremos entre todos un capricho del presidente del Consell", dijo hace un año el portavoz popular, Mauricio Rovira.
La gratuidad de la infraestructura ha sido una reivindicación social desde el momento en el que se inauguró en 1997.
La supresión del peaje implicará previsiblemente un incremento considerable de vehículos en Sóller. En el valle aplauden la iniciativa porque consideran que animará la actividad económica en comercios y restaurantes del municipio, pero también temen problemas derivados de la masificación como falta de aparcamientos y especulación urbanística.
El Ayuntamiento busca solares para habilitarlos como aparcamientos ante la previsible avalancha de visitantes seducidos por la posibilidad de ahorrarse los diez euros del peaje.
El Túnel de Sóller volverá a los tribunales a no ser que haya una improbable solución pactada de última hora. Su adjudicación al grupo Cuart durante su construcción ya le costó al banquillo al entonces presidente del Govern, Gabriel Cañellas, que evitó la cárcel porque los delitos que se le imputaban y por los que fue declarado culpable habían prescrito.
