La Ley de Dependencia ha supuesto desde su aprobación en 2007 una inversión total en Balears de 635 millones de euros, de los que el Estado ha aportado tan solo 195 lo que, restando los 90 millones que aportan aproximadamente los copagos de los usuarios de los servicios, supone que las arcas autonómicas se han hecho cargo de unos 545 millones de euros, según han explicado esta mañana la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y el director general de Dependencia, Juan Manuel Rosa, que han considerado que el Gobierno central debería aportar al menos la mitad de estos fondos para que el sistema fuera "justo" .

Cuando se cumplen diez años de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, Santiago la ha calificado de una buena medida legislativa, cuyo desarrollo quedó ralentizado con la crisis económica y que adolece de una mayor aportación estatal para cubrir todas las necesidades. Así, en lo que se refiere a los retrasos como consecuencia de las medidas de austeridad del Gobierno de Rajoy, Santiago ha recordado que la entrada en vigor de la Ley estaba prevista de manera progresiva, de tal modo que las ayudas para las personas con dependencias menos severas (con dependencia de grado uno) debían entrar en vigor en 2012, pero se retrasaron a 2015. Eso ha hecho que hasta julio de 2015 se recibieran 150 peticiones mensuales para ayudas de grado uno y que en esa fecha se incorporaran de inmediato al sistema 4.000 personas que habían solicitado la prestación con anterioridad y tenian reconocida la dependencia. Desde ese momento, de las 150 peticiones mensuales se pasó a unas 1.200.

En total, en estos 10 años han recibido ayudas gracias a la Ley de Dependencia 31.341 ciudadanos de Balears, la mayoría (23.849), en forma de aportaciones económicas, 5.210 con atención residencial, 1.819 con atención en centros de día/noche y 463, con ayuda domiciliaria.

En lo que se refiere a plazas de residencias, la red publica de servicios sociales balear ha pasado de 313 en 2009 a 2.705 en 2016, una evolución aún más llamativa en el caso de las ayudas económicas, que han pasado de suponer 3,4 millones de euros en 2008 a 29,5 millones a 31 de diciembre de 2016.