El ministerio de Economía y Competitividad ha enviado al Govern un informe contrario al proyecto de Ley de alquiler turístico en el que cuestiona la posibilidad de establecer un techo de plazas o la facultad de los consells insulars de fijar zonas en las que se pueda llevar a cabo esta actividad, así como las competencias del Ejecutivo balear para regular el alquiler vacacional. El informe advierte de que "las restricciones que se introducen deben ser en todo caso compatibles con el principio de libertad de empresa" que contempla la Constitución y con la directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, abriendo así la puerta a un posible recurso de inconstitucionalidad si se aprueba definitivamente la Ley.

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, informó ayer sobre este escrito dejando claro que el Ejecutivo balear seguirá adelante con la Ley y afirmó que los argumentos del Gobierno central "no tienen ni pies ni cabeza", ya que incluso cuestiona las competencias de los consells que contempla el Estatut. Barceló sostuvo que se trata de una "injerencia" del Gobierno central "con motivación política" y resaltó que el Govern defenderá "el autogobierno" y la capacidad de regular la actividad turística.

"No es solo un ataque a nuestro autogobierno, no sólo tiene incoherencias jurídicas, sino que es incoherente con lo que el propio PP ha defendido en Balears", dijo Barceló en referencia a este informe tras acusar a los populares de "doble discurso" ya que en Balears, de acuerdo a la Ley aprobada en la pasada legislatura con el Govern de José Ramón Bauzá, defienden la prohibición del alquiler vacacional mientras que en Madrid apuestan por la liberalización.

Delegación del Gobierno

Barceló resaltó que el anteproyecto de Ley de alquiler vacacional fue enviado a delegación del Gobierno en Balears, cuya respuesta por escrito fue, textualmente, que "vista la documentación remitida, así como la legislación vigente, se considera dicho anteproyecto conforme a Derecho". Por ello Barceló consideró que la única explicación al informe del Ministerio es que "haya motivaciones políticas".

Además, a este informe se suma el anuncio de la reclamación por parte del Estado de 14 millones de euros de los 20 millones que aportó el Gobierno central para inversiones en la Playa de Palma. El vicepresidente resaltó que esta reclamación, el informe contra la ley de alquiler turístico y el pronunciamiento del Gobierno central en contra del acuerdo del Parlament de proteger el Mediterráneo de prospecciones petrolíferas forman parte del mismo "paquete" que el Govern ha recibido esta semana desde el Ejecutivo de Rajoy y que supone una "ofensiva del Estado contra nuestro autogobierno".

Por otro lado, la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (Aptur) sumó ayer a su manifiesto en favor del alquiler vacacional la adhesión del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales y de la Asociación de Corredores y Corredurías de Seguros. Según informó Aptur, "en las próxima semanas" también se unirán al manifiesto los colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, así como la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios.