La falta de peritos judiciales tasadores está creando demoras de hasta tres años en una ya atrasada justicia balear. Solamente tres expertos diplomados se encargan de emitir cientos de dictámenes para todos los juzgados y tribunales de Balears y ya acumulan 2.880 informes pendientes.
Los dictámenes periciales judiciales son básicos para miles de pleitos, especialmente los de la jurisdicción penal, pero las solicitudes de valoraciones llegan de todos los órdenes jurisdiccionales. Sin una tasación oficial no se puede, por ejemplo, calificar el hurto de un móvil de delito o de delito menor, ya que la frontera es que el aparato valga más de 400 euros.
Los informes de estos expertos son también una prueba esencial en estafas, apropiaciones indebidas, accidentes de tráfico, robos con fuerza en las casas, daños y otros delitos. También se les recaba frecuentemente para la tasación de inmuebles, pero sus dictámenes abarcan todo tipo de objetos y bienes.
La plantilla de peritos adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Balears es de cuatro personas, aunque solamente están cubiertas tres de las plazas: una de inmuebles/muebles; otra de vehículos y otra de joyas/muebles.
Trucos para saltarse la cola
El colapso de este departamento es crónico y, salvo algunas temporadas en que hubo cuatro funcionarios y se hicieron muchas horas extra por las tardes (no pagadas), las demoras han sido el pan de cada día.
La situación causa la desesperación en los juzgados de instrucción que ahora están acuciados por unos plazos muy limitados de tiempo para investigar los delitos. Algunos jueces han optado por que sus funcionarios busquen en internet el valor aproximado de los móviles y otros objetos para hacer una tasación "casera" y poder culminar la instrucción.
Otros magistrados, hartos de que sus peticiones de informes periciales durmieran el sueño de los justos, han decidido mandar las causas a los juzgados penales sin esas tasaciones. Curiosamente, las peticiones de dictámenes provenientes de juzgados de lo penal tienen el sello de urgente y así esas causas se saltan la lista de espera. Los dictámenes se elaboran más deprisa si ya hay una fecha señalada para la vista oral.
También se da prioridad a los casos donde haya presos y a las ejecuciones de sentencias, entre otros supuestos.
El año pasado la oficina de peritos judiciales realizó 1.920 informes, de los que 1.314 eran de inmuebles, joyas y otros bienes muebles y 606 de vehículos. En todo 2016 la oficina registró 2.251 solicitudes de informes y a final de año quedaron pendientes 2.880 expedientes.
Los peritos, que comparten un minúsculo despacho en la última planta de los juzgados de Vía Alemania, tienen que acudir frecuentemente a los juicios para ratificar sus informes y también realizan muchas salidas para inspeccionar inmuebles y practicar otras pruebas.
Su ámbito de actuación es toda Balears y tienen casos de Palma, Inca, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella.
Fruto de los esfuerzos de estos peritos es que las causas relacionadas con automóviles se encuentran al día. Estos casos son más fáciles que otras tasaciones porque, por ejemplo, en casos de daños hay facturas de talleres e intervienen los peritos de los seguros, lo que facilita la fiscalización por los funcionarios judiciales.
Plantilla insuficiente
La causa de las grandes demoras es atribuida fundamentalmente a la insuficiente plantilla de la oficina de tasaciones. Las quejas que frecuentemente se formulan contra este colapso ante el Tribunal Superior de Justicia u otras instancias caen en saco roto, porque el responsable de resolver el problema es el ministerio de Justicia.
Una reciente reforma penal limita el plazo para investigar los delitos a seis meses, salvo que las causas sean declaradas complejas. Dados los tres años de demora en la emisión de informes periciales en Balears parece imposible culminar la instrucción de un simple hurto de un móvil en seis meses o en dieciocho de las causas complejas, aunque éstas se prorroguen algunos meses más.
La falta de peritos tasadores se une a otras carencias de la Administración de Justicia, como la de economistas o auditores. Cuando en algún asunto penal de delitos económicos alguna parte pide una auditoría se le indica que se la tiene que pagar de su bolsillo.
De momento, no se conocen casos de prescripción de delitos o faltas (delitos leves) por imposibilidad de contar con tasaciones oficiales.
Las disfunciones en la oficina de peritos judiciales de Balears se unen a otros problemas crónicos de la Justicia, como la insuficiencia de espacio para ubicar juzgados y tribunales o las periódicas caídas de los servidores informáticos o de los programas de tratamiento procesal, medios que dependen del Ministerio.
