La magistrada Irene Partida no se ha creído a los testigos aportados por Xelo Huertas y ha declarado probado que la expresidenta del Parlament amenazó, en la reunión del consejo ciudadano de Podemos del pasado 31 de octubre, con no votar a favor de los Presupuestos si no se aprobaba una partida para el científico Daniel Bachiller. Huertas fue expulsada de la fuerza morada por incumplir el código ético, una medida disciplinaria que la jueza no estima arbitraria.
La sentencia desestima la demanda interpuesta por Huertas, representada por Francisco García-Mon, y que había pedido su reingreso en el partido, del que fue expulsada junto a la también diputada Montserrat Seijas y el mencionado Daniel Bachiller.
La demandante admitió en la vista oral que hizo unos comentarios en un chat del consejo ciudadano de Podemos Balears (una especie de comité ejecutivo) respecto a que podría no votar a favor de los Presupuestos de 2016 si no se cumplía una parte del programa relativa al impulso de la investigación científica. La hoy diputada en el grupo mixto, no obstante, recalcó que había acabado aprobando los Presupuestos.
Huertas no reconoció que en una reunión del consejo ciudadano de 31 de octubre había amenazado con no votar a favor de los Presupuestos, con independencia de lo que mantuvieran la cúpula y la asamblea ciudadana (las bases del partido).
Falta muy grave
Podemos, defendida por Aina Díaz, abrió sendos expedientes a Huertas y Seijas, que vertió amenazas similares, y las acabó echando del partido por faltas muy graves.
Cuatro testigos propuestos por la demandante, entre ellos Daniel Bachiller, declararon no haber oído a Huertas haber vertido esas amenazas en el consejo ciudadano. Por el contrario, otros tres asistentes a la reunión, entre ellos los dirigentes Alejandro López y David Díez, manifestaron que la expulsada insistió en que votaría en contra de los Presupuestos "aunque el consejo ciudadano dijera lo contrario".
La magistrada resuelve la duda acudiendo a las alegaciones efectuadas por Huertas en el expediente disciplinario, donde no negó haber supeditado su voto a la inclusión de una partida para el laboratorio de Bachiller.
La demandante trató de anular su sanción alegando que otro diputado de Podemos, el hoy presidente del Parlament Baltasar Picornell, había hecho comentarios similares a los suyos y no había sido expedientado.
La sentencia analiza las palabras de Picornell en el mencionado chat interno y concluye que no tuvieron la trascendencia de las vertidas por la entonces presidenta del Parlament.
"En ningún momento (Picornell) afirma que vaya a votar en el Parlament en contra de los Presupuestos y que lo vaya a hacer, además, independientemente de lo que decidan los órganos de decisión del partido", afirma el fallo.
La magistrada examina a continuación si Podemos violó algún derecho constitucional de Huertas (la libertad de expresión, el derecho a la igualdad o a la participación en la vida pública a través de un partido) y concluye que no.
Irene Partida postula que la expulsión de la diputada de la fuerza morada no fue una medida "arbitraria", ya que su conducta fue constitutiva de una falta muy grave, al vulnerar el código ético de Podemos por querer imponer su voluntad a la asamblea ciudadana y prevalerse de su cargo en ese sentido.
La sentencia, que impone las costas a Huertas, puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
Podemos emitió una nota en la que se congratuló porque "la Justicia haya confirmado lo que tantas veces habíamos dicho respecto a la expulsión de la expresidenta del Parlament". "Podemos ha llegado a la política con un listón muy alto para retornar a la ciudadanía la confianza en las instituciones, en los políticos y en la política", recalcó el comunicado.
