El Govern balear celebró ayer una primera reunión para afrontar y tratar de solucionar la venta ambulante ilegal en las islas, un encuentro al que no asistió ningún representante de la Delegación del Gobierno en las Islas Balears a pesar de que se había cursado la invitación. La Administración central justificó su postura en que el encuentro no había sido consensuado y la competencia del control de la venta callejera ilegal corresponde a los Ayuntamientos.
La reunión se celebró en la sede de la conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, cuyo titular, Iago Negueruela, criticó con severidad la ausencia de la Delegación del Gobierno y defendió la necesidad de "coordinación" entre todas las administraciones públicas para tratar de frenar el comercio ilegal y "no rehuir de las responsabilidades". La Delegación del Gobierno, en un comunicado, quiso dejar claro "su total respeto con el cumplimiento de las leyes, que atribuyen esas competencias a los Ayuntamientos.
En el encuentro se estudió el problema desde un punto de vista social, porque los vendedores pertenecen a "mafias" y carecen de derechos laborales; desde una óptica policial para "atacar" el problema; y desde la perspectiva de concienciar y poner en marcha campañas para que los turistas sepan que se trata de un actividad ilegal y no deben comprar estos productos.
"No se ha considerado oportuno multar a los propios compradores y sí adecuado informarles", dejó claro tras la reunión Rafael Ballester, presidente de Afedeco, que mostró su satisfacción por el hecho de que se reunieran las administraciones y los representantes del comercio para analizar esta problemática que se arrastra desde hace años.
