El proyecto de Ley por el que se modifica la legislación turística de 2012 para regular la comercialización de las viviendas turísticas superó ayer su primer trámite parlamentario, con el rechazo por parte de los partidos del Pacto de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, El Pi y Ciudadanos. Antes del debate de las iniciativas de la oposición, el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, resaltó que la futura normativa se aprobará definitivamente en la Cámara balear a finales de junio o principios de julio, momento en el que entrará en vigor, si bien las zonas en las que se permitirá el alquiler turístico y en las que estará prohibido no se decidirán hasta el próximo año.
"Antes del verano de 2018 podrá estar la zonificación", dijo Barceló quien precisó que habrá "otros aspectos" de la nueva normativa que sí comenzarán a aplicarse de inmediato, como las sanciones para el alquiler ilegal. No obstante, la medida más relevante es la zonificación, que queda en manos de los consells insulars, para lo cual disponen de hasta ocho meses de plazo desde la entrada en vigor de la ley.
Barceló contestaba a una pregunta del diputado popular Álvaro Gijón, quien sostuvo que esta normativa "no servirá para nada hasta dentro de un año, si es que se llega a aplicar". El cara a cara entre Barceló y Gijón fue una especie de adelanto del largo debate de casi cuatro horas para rechazar las enmiendas a la totalidad, en el que el diputado popular reiteró sus críticas.
"Algo no va bien cuando tres partidos que empezaron pensando completamente distinto sobre este tema presentan enmiendas a la totalidad", dijo Gijón quien afirmó que "los únicos contentos" con la normativa que propone el Govern "son los hoteleros". En este sentido, resaltó que "por primera vez en la historia el GOB y la Federación Hotelera se han puesto de acuerdo" en el rechazo a esta normativa e ironizó resaltando que ni siquiera hay unanimidad en el Pacto, cuyos partidos "han presentado más enmiendas" parciales que la oposición.
"Esta ley no hay por donde cogerla", sostuvo el diputado popular quien afirmó que la propuesta "creará más problemas que los que pretende resolver" y es "ineficaz, arbitraria e inconsistente jurídicamente, con criterios arbitrarios". Añadió que "es falso que se priorice el acceso a la vivienda" y que tampoco servirá para hacer frente al aumento del alquiler para los residentes y quienes vienen a trabajar en la temporada turística.
Josep Melià, de El Pi, sostuvo que la normativa presentada pro el Govern "no regula, sino que machaca el alquiler turístico" que, según insistió, es "una realidad económica" que no se puede "negar ni criminalizar" y que supone ingresos para muchas familias que les permiten llegar a final de mes. "Con este tema hacen lo mismo que el Govern Bauzá, prohibir, aunque al menos Bauzá lo hacía con la cara alta", espetó Melià al Govern. El diputado de El Pi incidió en que esta normativa "no respeta las competencias municipales" ni "el derecho de todo propietario a hacer un alquiler de temporada", además de perjudicar a las viviendas ya autorizadas que deberán cumplir nuevos requisitos que en algunos casos serán de "imposible cumplimiento".
Para Olga Ballester, de Ciudadanos, este proyecto de Ley es "un despropósito" que "perjudica a las viviendas que están comercializándose en la actualidad de manera legal", impone "requisitos de muy difícil cumplimiento" y "contraviene otras normativas de rango superior generando más inseguridad jurídica".
Defensa de la propuesta
En su defensa del proyecto de Ley, Biel Barceló criticó la conocida como Ley Delgado, que se limitaba a prohibir "sin dar instrumentos para que se cumpliera", y apostó por "regular lo que es evidente que no lo está". El vicepresidente defendió la "socialización de la prosperidad" que permite el turismo, "huir" de la especulación y que el alquiler turístico sea una "pieza del cambio de modelo" económico y turístico balear.
Añadió que el Govern quiere regular este asunto "dando prioridad al acceso a la vivienda al delimitar las zonas aptas, fortaleciendo la convivencia, combatiendo la economía sumergida y evitando la especulación". Además, se mostró convencido de que la normativa no corre el riesgo de ser recurrida como la de Canarias. "Nos han dicho de palabra que no nos impugnarán, en la práctica ya veremos", dijo el vicepresidente del Govern.
Los representantes del Pacto defendieron la necesidad de que se apruebe esta regulación, aunque con enmiendas que mejoren algunos aspectos. "Hay una emergencia habitacional por el alquiler vacacional", sostuvo Salvador Aguilera, de Podemos, para quien "la burbuja turística está lesionando el derecho humano del acceso a la vivienda". Antoni Reus, de Més per Mallorca, incidió en que las enmiendas parciales permitirán "afinar aun más la normativa" y Damià Borràs, del PSIB, arremetió contra "la falsa regulación de la Ley Delgado" y el PP. "La alternativa a la 'turismofobia' no es la 'turismofilia' sino la cordura y el sentido común y hacer que saquen provecho del turismo cuantos más mejor", dijo Borràs. Silvia Tur, de Gent x Formentera, insistió en la necesidad de que "se respeten más las competencias de los consells", algo que a su juicio resulta insuficiente con la actual redacción de la propuesta del Govern, de la que dijo que, no obstante, tiene numerosos aspectos positivos.
