Siete altos cargos del Govern contravienen su código ético, que les obliga a publicar en la web oficial su declaración de patrimonio, intereses y actividades. Los más significativos son la nueva consellera de Cultura y Participación, Fanny Tur, Fanny Tur y la directora general de Transparencia y Buen Gobierno, Montserrat Berini. Los otros cinco cargos son directores generales o secretarios generales de las conselleries de Cultura, Trabajo y Territorio.
Se da la circunstancia de que todos estos cargos antes mencionados sí han firmado su adhesión acatando lo que ordena la norma deontológica del Ejecutivo. No obstante, ésta se incumple al no estar publicadas aún sus declaraciones patrimoniales. El código ético da un mes a los altos cargos para que se adhieran a él. Al mismo tiempo explica en su apartado 2.3: "Los cargos públicos obligados a presentar declaraciones de patrimonio intereses y actividades, de acuerdo con la normativa aplicable, consienten con la adhesión al presente código, que se publiquen en el Portal de Transparencia las cifras que contienen sus declaraciones".
Nombrados hace más de un mes
La consellera de Cultura y Participación, Fanny Tur, fue nombrada el siete de abril. Por su parte, el resto de directores generales y secretarios generales de las conselleries del Govern que todavía no han publicado su declaración fueron designados como altos cargos el pasado 21 de abril.
Por consiguiente, ha transcurrido más de un mes de su nombramiento y en su página oficial solo se puede consultar que han firmado su adhesión al código ético, pero no aparece su declaración de patrimonio e intereses.
Suscribir el código ético del Govern implica tener que divulgar una escueta declaración de los bienes, intereses o actividades externas que los altos cargos tienen en el momento de entrar a formar parte de la administración y percibir un sueldo público.
Los afectados han sido nombrados a raíz de la última gran crisis de Govern provocada por el escándalo de los contratos de Més con su jefe de campaña electoral, Jaume Garau. Esta crisis provocó la destitución de la entonces consellera de Cultura, Ruth Mateu, y la cúpula de todo su departamento. La presidenta del Govern, Francina Armengol, aprovechó la ocasión para realizar otros cambios, como es el caso de colocar Transparencia en la conselleria de Presidencia que dirige Pilar Costa y en cambiar al director general de Arquitectura en la conselleria de Territorio que gestiona Marc Pons.
En esta situación de no publicar su declaración patrimonial en la web oficial del Govern se encuentran, además de la consellera Tur y la directora de Transparencia, Montserrat Berini (PSOE); el secretario general de Cultura, Guillem Fullana (Més); la nueva directora general de Cultura, Joana Català (Més), y el director general de Participación, Manel Santana (Més).
De la conselleria de Trabajo, comercio e Industria encontramos al secretario general, Jaume Colom (PSOE); mientras que en la conselleria de territorio Energía y Movilidad está el director general de Arquitectura y Vivienda, Eduardo Vila (PSOE).
Los jefes de gabinete de los consellers, así como los asesores, según explicaron ayer desde el Govern, no están obligados a divulgar su patrimonio. Solo es preciso que se adhieran al código ético, ya que se trata de cargos eventuales nombrados por los propios consellers. Quienes están obligados a hacer pública su declaración son los cargos nombrados por el Consell de Govern. Es el caso de la presidenta, consellers, directores generales, secretarios generales y directores o gerentes de empresas públicas y entes públicos.
El citado código ético marca las conductas de transparencia de los altos cargos. Además de publicar sus bienes, contempla las directrices a seguir con los regalos que reciben, la utilización de coches oficiales y sus gastos en comidas, desayunos y viajes, entre otros. De hecho, obliga que cada alto cargo especifique en la web del Govern que se gastó en comer y donde viajan a costa del erario público.
Medida estrella del Pacto
La elaboración y aprobación de un código ético que marque la conducta de los cargos públicos fue una medida estrella del Pacto de Izquierdas. Incluso fue incluido en el decálogo de medidas indispensables, llamado Acuerdos por el Cambio, y que suscribieron PSOE, Més y Podemos para formalizar su acuerdo de Govern.
Fue anunciado a bombo y platillo como el documento que otorgaba al Ejecutivo de Izquierdas como el nivel más alto transparente de la historia de Balears. Todo ello unido al portal de Transparencia donde se publican todos los contratos que realiza la administración pública. No obstante, en los dos años de legislatura se han detectado algunos incumplimientos sonados. Este es el caso de algunos contratos que las conselleries de Més otorgaron a su jefe de campaña, Jaume Garau, y que no se podían consultar. Este hecho provocó la dimisión de la consellera de Cultura y el PSOE asumió las políticas de Transparencia que hasta el momento habían estado en manos de Més.
