22 de mayo de 2017
22.05.2017
Diario de Mallorca

Familias unidas por la escuela inclusiva

Reclaman que se pongan los recursos para que sus hijos puedan desarrollar al máximo sus capacidades en los colegios públicos ordinarios

21.05.2017 | 20:17
Representantes de las distintas plataformas de familias que luchan por la escuela inclusiva.

Las distintas plataformas se unen. Los colectivos de padres de niños con discapacidad de las islas han pasado a la ofensiva de forma coordinada

Las familias con niños con discapacidad han subido un peldaño en su lucha por una escuela pública inclusiva. Si hace unos años empezaron a constituirse en asociaciones y plataformas, ahora han pasado a la ofensiva de forma coordinada, para luchar por los derechos de sus hijos y dejar muy claro a las autoridades de las islas que los pasos dados para que puedan asistir como cualquier alumno a los centros ordinarios son insuficientes y en algunos casos equivocados.

Así lo reivindicaron la semana pasada en un intenso tour de reuniones la Plataforma por la Educación Inclusiva de Mallorca; la Fundación Nemo; la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social; y la federación de Asociaciones de Padres de alumnos, FAPA. Les ayuda en su cruzada Joan Jordi Muntaner, profesor de la UIB experto en educación inclusiva, que les acompañó en sus reuniones con el conseller de Educación, Martí March; el defensor del Menor, Serafín Carballo; y el presidente del Parlament, Balti Picornell.

A March le reclaman un plan estratégico (con plazos y memoria económica) para una apuesta política real por un modelo de inclusión. "Se han dado pasos, pero ahora aún estamos entre un modelo terapéutico y uno integrador y lo que exigimos es inclusión", indica Muntaner. Incluir sería por ejemplo que los alumnos con necesidades no salgan de su aula habitual en ningún momento, agilizar las evaluaciones y la asignación de apoyos, crear currículos accesibles, no segregar y "que el colegio se adapte al niño y no al revés".

No sólo ven que los pasos dados son insuficientes para respetar los derechos de sus hijos (y en definitiva cumplir así con leyes vigentes y declaraciones secundadas por España): ven con preocupación hechos que contradicen el compromiso por la inclusión asumido por el actual equipo de Govern. Por ejemplo, les chirría la apertura de un nuevo centro de educación especial en Eivissa, al entender que ésta debería ser "una medida excepcional" y que ese dinero podría destinarse a dar más recursos a los colegios para atender la diversidad.

Estos padres critican que a sus hijos les pongan "etiquetas" que a la larga se pueden convertir en un tapón para su progreso formativo. Así por ejemplo denuncian un hecho alarmante: que por ley estos niños no puedan obtener el título en ESO si se les ha tenido que hacer una adaptación del contenido curricular. "Se veta su derecho a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades", denuncian. También lamentan que orientadores y profesores impiden que estos niños accedan a la FP Básica "convencidos de que la segregación es la única solución". Al salir del instituto, las entidades sociales se convierten en la única puerta a la que pueden llamar para seguir formándose: "Solo queremos que se desarrollen, sino cada vez serán más dependientes".

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