Primer golpe significativo del Govern contra empresas que comercializan alquiler turístico ilegal: ocho inmobiliarias tienen sobre la mesa un expediente de sanción con multas que en total alcanzan los 200.000 euros. Son los resultados de trazo grueso de una campaña de inspecciones a empresas que la conselleria de Turismo puso en marcha antes de Semana Santa y que presentó ayer.

Los inspectores visitaron una docena de sociedades, entre inmobiliarias y centrales de reservas, sobre las que planeaba alguna sospecha de alquiler turístico ilegal. Las visitas, que se realizaron conjuntamente con inspectores de la Agencia Tributaria de Balears, se llevaron a cabo en Palma, Pollença, Colònia Sant Jordi, Cala d´Or, Capdepera y Artà.

Los técnicos de la conselleria detectaron posibles infracciones en ocho de las doce empresas investigadas. Alguna de ellas llegaba a comercializar ilegalmente ochenta viviendas en edificios plurifamiliares.

Las sanciones oscilan entre los seis mil y los cuarenta mil euros. Turismo ha calculado que el monto total de las multas, cuando sean efectivas, sumarán 200.000 euros. Entre las empresas sancionadas no está Agopili Bussiness, propietaria de los tres pisos protegidos de sa Gerreria que se ofrecían a turistas en Internet por 150 euros la noche porque estos apartamentos fueron inspeccionados con posterioridad. De momento esta inmobiliaria domiciliada en Madrid deberá pagar seis mil euros por infracciones en una de las tres viviendas, pero la investigación sigue abierta.

Tal como informó este diario el pasado 25 de marzo, la ofensiva del Govern contra los grandes tenedores de vivienda va de la mano de de Hacienda y se canaliza a través de Internet. Es en la red donde los inspectores acumulan los primeros indicios de infracciones contra la normativa.

"Los que alquilan su vivienda a través de una de esas webs [en referencia a páginas como Airbnb] y no lo declaran deben saber que estamos al tanto, y que en Internet casi siempre quedan huellas", apuntaron hace unas semanas desde la Agencia Tributaria.

La Ley en vigor prohíbe comercializar alquileres a turistas en viviendas ubicadas en edificios plurifamiliares. La modificación de esta normativa, ahora en fase de trámite parlamentario, abre la puerta al arrendamiento vacacional en este tipo de viviendas, pero cumpliendo con una serie de requisitos y en zonas determinadas.

Asimismo, con la nueva ley las multas castigarán no solo a la propiedad de la vivienda sino también a la plataforma desde la que se comercializce en Internet.

Por otro lado, media docena de entidades relacionadas con el sector primario firmaron ayer el manifiesto de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler (Aptur-Baleares) a favor del arrendamiento vacacional.