La burbuja del alquiler turístico está condenando a los baleares a sufrir los servicios públicos peor dotados del Estado. Lo denuncia el sindicato UGT, cuyos representantes se reunieron ayer con la delegada de Gobierno, Maria Salom, para proponerle medidas que incentiven la llegada a las islas de más trabajadores para servicios clave como la Policía Nacional, la gestión del paro o la de las renovaciones de DNI y pasaporte. El problema, dicen en el sindicato, es "muy grave": Balears necesitaría 1.064 trabajadores más del Estado para alcanzar la media del resto de autonomías. De hecho, las islas salen adelante con solo dos trabajadores del Estado por cada mil habitantes, menos de la mitad de Canarias (6,6) y muy por debajo de la media estatal (3,9 empleados por cada millar de ciudadanos).
"Necesitaríamos un 25% más de plantilla para igualarnos", advierte Biel Riera, secretario autonómico de UGT ante la Administración General del Estado. El problema es que no es fácil convencer a los funcionarios para que vengan: la carestía de la vida y, sobre todo, la reciente y creciente burbuja de alquiler provocada por la generalización del arrendamiento turístico ilegal, hace que los trabajadores públicos pierdan dinero con el traslado. "Ponen el pie en la isla y lo primero que quieren es irse: la vida es más cara, como hay menos plantilla tienen más estrés y carga laboral que en ningún destino, y encima se les compensa la insularidad mucho menos. ¿Cómo van a querer venir?", comenta Miguel Ángel Romero, responsable de administración pública de UGT Balears.
Romero y Riera detallan algunos datos que dejan claro el impacto "dramático" que está teniendo el alquiler turístico sobre los servicios públicos y sobre el mercado de vivienda de todos los baleres. Revelan por ejemplo que los residentes de Balears están pagando ya la habitación en piso compartido más cara de España. Sale por 525 euros de media mensual, cuando la media de España es de 301 y en Canarias de 227, aseguran, citando datos de Easy Piso. Y están subiendo: en tres años, recalcan, el alquiler en Palma se ha encarecido un 40%.
A eso se le une que el resto de precios son también más altos. Y la puntilla la da una peculiaridad que afecta solo al empleado estatal: cobran en Balears un plus de insularidad mucho más bajo que el de Canarias o que el de Ceuta y Melilla. En estas dos ciudades españolas en el norte de África cada trabajador del Estado que acepta plaza se embolsa un plus de 532 euros al mes, cifra que en las islas menores canarias se queda en 323,83 euros al mes, para ser en Gran Canaria y Tenerife de 115,60 euros, pluses más generosos que los 81,04 euros por mes que el Estado da en Menorca y Eivissa o los 62 euros de Mallorca.
El resultado es que no se cubren las plazas y faltan trabajadores en la Seguridad Social, la Policía o los servicios de empleo. Para aliviar el problema, en UGT plantean que se equipare el plus balear al canario (lo que implicaría, como poco, duplicarlo). Sugieren además usar las residencias vacacionales de los militares (450 plazas), para alojar trabajadores públicos, aunque solo cuando no estén ocupadas por soldados de veraneo. Los sindicalistas trasladaron estas propuestas a la delegada del Gobierno. María Salom se declaró consciente del problema (de hecho, con alerta 4 por terrorismo no acaban de conseguir alojamiento para policías de refuerzo y subrayó que es preciso lograr que los trabajadores públicos que llegan "se sientan a gusto".
