La burbuja del alquiler turístico está condenando a los baleares a sufrir los servicios públicos peor dotados del Estado. Lo denuncia el sindicato UGT, cuyos representantes ante la Administración General del Estado en Madrid y Palma se han reunido hoy con la delegada de Gobierno, Maria Salom, para proponerle medidas que incentiven la llegada a las islas de más trabajadores públicos para servicios clave como la Policía Nacional, la gestión del paro (Sepe) o la de las renovaciones de DNI y pasaporte.

El problema, dicen en el sindicato, es "muy grave". Le ponen cifra: Balears necesitaría 1.064 trabajadores más del Estado para alcanzar la media del resto de autonomías. De hecho, las islas son las que sufren la plantilla estatal más castigada por la temporalidad (40%, por encima incluso de la del sector privado) y las que salen adelanten con menos trabajadores del Estado: hay 2,9 por cada mil habitantes, frente a los 6,6 de Canarias (más del doble) o el 3,95 de media estatal. "Necesitaríamos un 25% más de plantilla para igualarnos", advierte Biel Riera, secretario autonómico de UGT ante la Administración General del Estado.

El problema es que no es fácil convencerlos de que vengan, denuncian en UGT. Según aclaran, la carestía de la vida y, sobre todo, la reciente y creciente burbuja de alquiler provocada por la generalización del arrendamiento turístico ilegal, hace que los funcionarios no quieran venir a la isla. "Ponen el pie en la isla y lo primero que descubren es que quieren irse: la vida es más cara, como hay menos plantilla tienen más estrés y carga laboral que en ningún destino, y encima se les compensa la insularidad mucho menos que otros sitios. ¿Cómo van a querer venir?", explica Miguel Ángel Romero, responsable de administración público de UGT Balears.

Precios de alquiler disparados

Romero y Riera detallan algunos datos que dejan claro el impacto "dramático" que está teniendo el alquiler turístico sobre los servicios públicos y el mercado de vivienda. LRevelan por ejemplo que los residentes de Balears están pagando ya la habitación en piso compartido más cara de España. Sale por 525 euros de media mensual, cuando la media de España es de 301 y en Canarias de 227, aseguran, citando datos de Easy Piso.

A eso se le une que el resto de precios son también más altos. Y la puntilla la da una peculiaridad que afecta solo al empleado estatal: cobran en Balears un plus de destino e insularidad mucho más bajo que el de Canarias o que el de Ceuta y Melilla. En estas dos ciudades españolas en el norte de África cada trabajador del Estado que acepta plaza se embolsa un plus de 532 euros al mes, cifra que en las islas menores canarias se queda en 323,83 euros al mes, para ser en Gran Canaria y Tenerife de 115,60 euros, pluses todos ellos mucho más generosos que los 81,04 euros por mes que el Estado da en Menorca y Eivissa o los 62,35 euros de Mallorca. Es decir, cobran los mismos 1.200 euros, les cobran el triple por una habitación compartida, que son unos 500 euros, y se les compensa la situación con 62 euros: así que si pueden se van a Canarias.

Servicio público de baja calidad

"El resultado de todo esto en Eivissa, por ejemplo, de 23 plantas de Seguridad Social solo se cubren 13. ¿Cuál es el efecto? Pues que la atención está en niveles de calidad que no son aceptables, y encima la carga de trabajo para cada funcionario es mayor, con lo que eso supone en salud y estrés laboral", ejemplifica Biel Riera. Por eso el sindicato ha reclamado al Estado y su Gobierno central "una equiparación de los complementos salariales con Canarias". Eso supondría doblar el plus en algunos casos. "No puede ser que estén asumiendo más carga que trabajo que en ninguna otra región y encima los maltrates con indemnizaciones de insularidad más bajos", sostiene Miguel Ángel Romero. Creen que la situación podría equilibrarse con una equiparación de pluses, que haga que en Balears, aunque haya más carga de trabajo por falta de personal, al menos la compensación económica para el que viene sea igual de atractiva que en islas como las Canarias.

Usar la residencia de verano de los militares

El sindicato además ha planteado al Gobierno que utilice las residencias existentes para vacaciones de militares para alojar a empleados públicos de otras administraciones que vienen a las islas a trabajar. "Y siempre que las plazas estén vacías", subraya Romero, que ni se plantea tratar de quitarles el piso de verano a los militares. Son en total 450 plazas en las tres islas, en instalaciones que se utilizan ahora solo para el ocio de los militares. También reclaman en el sindicato que, a medio y largo plazo, el Gobierno y el Govern se plantee crear edificios de viviendas específicos para el personal público. "Hay que buscar soluciones ya porque este mismo verano la situación es muy grave", advierten. Lo ejemplifican con casos como los de los trabajadores a los que se está buscando acomodo en el hospital de Can Misses, y destacan la búsqueda desesperada de consells insulares y ayuntamientos, que necesitan encontrar alojamientos para servicios públicos esenciales. "Estamos hablando de que hay profesores a los que están echando de su piso en mayo para alquilarlo de temporada desde junio", abunda Romero.

Alerta 4 terrorista y no hay sitio para refuerzos policiales

También preocupa la situación de la policía nacional, que empieza a ser más que preocupante. Con el mes de junio a la vuelta de la esquina, la Delegación de Gobierno sigue buscando sitio para los agentes que deben reforzar la seguridad en verano. "La delegada del Gobierno nos ha dicho que están trabajando en eso, en refuerzo de verano de policías, que han contactado con el Consell para buscar residencias. La hemos visto muy sensible con esta cuestión. Están pensando en casas municipales, residencias vacías y cosas así. Es una cosa sensible, más estando España en alerta 4. Un policía gana 1.600 euros, si le cobran por el piso más que lo que gana, ya me diréis quien viene", enfatizan en UGT, sindicato al que tampoco le cuadran los datos de quienes dicen que el alquiler turístico no encarece la vivienda: en el último año el precio medio de alquiler ha subido un 18% en Balears, dicen, incremento que es del 40% en Palma en los últimos cuatro años.