Balears, Navarra y la Comunitat Valenciana compararon ayer en el Club Diario de Mallorca sus modelos de renta garantizada. Sacó músculo el representante navarro, cuya financiación especial le permite dar una extensa cobertura en relación al número de beneficiarios y a la cuantía de las ayudas.

Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas inclusivas de la Generalitat valenciana, lamentó que su modelo esté varios peldaños por debajo, pero reivindicó la mejoría que ha supuesto para muchos ciudadanos con respecto a la época en la que los gobiernos del PP implantaron un sistema de protección social "perverso" que provocaba que "una persona pobre se sintiera culpable de ser pobre".

Oltra explicó que aquellas políticas "redujeron a las personas a la condición primaria de buscador de alimentos" porque las obligaban a "vivir con la angustia de no saber qué comerían al día siguiente, imposibilitando que tuvieran un proyecto vital".

La consellera de Compromís indicó que el actual Gobierno valenciano, de corte progresista, puso en marcha una renta social con dos objetivos: "Estabilizar económicamente a esa persona y allanar su derecho a la inclusión social". Llega a mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 16 años con hijos a su cargo y jóvenes tutelados a partir de 18 años, entre otros colectivos.

"Capacidad de resistencia"

Fina Santiago, consellera de Servicios sociales y Cooperación del Govern balear, aseguró que "solo con gobiernos progresistas se ha avanzado" en las islas, y esbozó un discurso realista: "No pretendemos que el ciudadano salga de la pobreza porque no tenemos la financiación de Navarra; pretendemos que tenga capacidad de resistencia y de no marginación".

La renta balear garantiza un mínimo de 428 euros en caso de acreditar un mínimo de 36 meses de residencia y ser mayor de 25 años. Entre otras obligaciones, el beneficiario debe estar apuntado en el SOIB y aceptar un trabajo si se le ofrece.

Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos sociales del Gobierno de Navarra, explicó un modelo que implica la obligación por parte de la Administración de ofrecer un trabajo a un ciudadano después de dos años de haberse acogido a su renta.

Hay diferentes escalas de retribución -desde 600 euros para una persona sola hasta 1.200 para para una unidad de seis o más miembros-. Y alcanza incluso a inmigrantes ilegales.