Nuestro Tribunal Constitucional jamás hubiese permitido que una de las provincias del imperio romano, pongamos la Tarraconensis, prohibiera los combates entre gladiadores.
El veto de las autoridades de la Tarraconensis a esta actividad tan arraigada entre los romanos hubiera supuesto un “menoscabo” de la competencia imperial para la “preservación del patrimonio cultural común”. Los entrecomillados corresponden a la sentencia 85/2016 que anulaba la facultad de la Generalitat de Catalunya para prohibir las corridas de toros.
El falló obvió las competencias de las autonomías en materia de protección animal, pero reconoció que pueden “regular el desarrollo de las representaciones taurinas” y “establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo”.
El Gobierno central, campeón europeo en recortes, sigue a la cola en protección animal. Balears, que ya fue pionera en 1992 con la ley promovida por el diputado regionalista Miquel Pascual, impulsa ahora una ley cuyo objetivo es que no haya corridas, pero sin prohibirlas.
Controles de dopaje a los toreros, solo tres astados por espectáculo, sin banderillas ni espada. Sin sangre y sin muerte Diez minutos por faena.
Mañana los antitaurinos (los partidarios del brutal espectáculo) se lanzarán a la yugular de la izquierda balear. Harán risas y chanzas sobre algunas de las medidas previstas en la ley. ¿Una broma? No de mayor calado que la del TC al considerar cultura la brutalidad.
