El Govern pondrá en marcha un ambicioso plan para investigar posibles casos de alquileres turísticos en Mallorca, alertado por la revelación el pasado domingo en este diario de que al menos tres apartamentos protegidos de sa Gerreria estaban siendo ofrecidos a turistas en Internet a 150 euros la noche.

La conselleria de Vivienda que dirige Marc Pons ya había puesto la lupa sobre Eivissa, una isla sobre la que el alquiler vacacional ejerce una enorme presión. Ahora, el plan previsto para la isla pitiüsa se hará extensivo a Mallorca.

"Éramos conscientes de que podían haber infracciones en viviendas de compraventa privada a precio tasado. Pero lo teníamos detectado particularmente en Eivissa. Hace un mes y medio anunciamos que este verano lanzaríamos un plan de inspección sobre las viviendas de protección oficial que tienen esta calificación en Eivissa. Pero para ser francos no lo teníamos tan detectado en Mallorca. Si hubiésemos sabido esto [en referencia a los casos de sa Gerreria] también hubiéramos hecho un planteamiento aquí", afirmó ayer Pons.

"Sale esta información y con los recursos que tenemos extenderemos este plan a Mallorca, especialmente a Palma, que es donde más vivienda pública hay. Empezaremos esta semana con las inspecciones. Ya están preparadas en sa Gerreria, que haremos en coordinación con Turismo. A partir de aquí veremos cómo evolucionan las cosas. Si los funcionarios confirman que existe esta situación [el alquiler a turistas] actuaremos", argumentó el conseller de Vivienda.

"Estos pisos de sa Gerreria tienen calificación de VPO hasta 2019. Así que si se producen esas infracciones tendremos que actuar. Y por nuestra parte los propietarios, que han sido beneficiados por una serie de ayudas públicas, están obligados a cumplir una serie de condiciones y requisitos", advirtió el conseller socialista.

Los anuncios de los tres pisos protegidos de la calle Forn del Vidre Vell fueron retirados de los portales Airbnb y Booking el lunes, 24 horas después de que este diario publicara que se ofertaban a turistas. Los apartamentos eran muy populares en Internet, hasta el punto de que estaban casi todas las noches reservadas hasta finales de septiembre.

Por su calificación de VPO hasta noviembre de 2019, la propiedad de los apartamentos no podía arrendarlos por más de 450 euros al mes. El hecho de dedicarlos a uso turístico constituiría una segunda ilegalidad.

Inspección a dos bandas

"En Eivissa el plan de inspección incluía a unos doscientos pisos. Aquí es más amplio. Habrá una parte turística en la que nos coordinaremos con Turismo. La idea es poder llegar a todos los pisos. Aunque nunca se han hecho planes de este tipo, tenemos que actuar. No trabajamos para tener resultados de solo un verano, necesitamos mucha continuidad. Pero está claro que si los propietarios que se han beneficiado de unas ayudas públicas han vulnerado su parte del contrato, tiene que haber penalizaciones", subrayó Pons.