El Govern inspeccionará las 35 viviendas de dos edificios de protección oficial que se levantan en sa Gerreria después de que DIARIO de MALLORCA publicara el domingode que al menos tres de estos apartamentos se están alquilando a turistas. La conselleria de Vivienda constató ayer que estos pisos tienen calificación de VPO hasta noviembre de 2019, por lo que acordó incoar un expediente investigador en coordinación con la conselleria de Turismo.
Por su parte, los trabajadores de la oficina de Ayco en sa Gerreria retiraron del portal Airbnb los anuncios de las tres viviendas sociales que publicitaba a turistas. Estos reclamos resistían en Booking, pero sin fotos del interior de las viviendas y sin posibilidad de reservar ninguna noche. Trabajadores de la oficina de la calle Can Salat gestionaban hasta ayer los arrendamientos en internet, a escasos metros de donde se levantan los dos edificios sociales ahora objeto de investigación en los números 1 y 2 de la calle Forn del Vidre Vell.
Los tres pisos se ofrecían en internet a precios que superaban los 150 euros la noche, y en el caso de los anuncios de Airbnb ya estaba casi todo reservado hasta finales de septiembre.
El Govern investigará si la propiedad de los dos bloques, Agopoli Business, puede haber incurrido en una doble ilegalidad. Por un lado, arrendar pisos sometidos al régimen de alquiler público a precios muy superiores al máximo que marca la leyprecios muy superiores al máximo que marca la ley: 450 euros al mes. Por otro lado, explotar turísticamente viviendas plurifamiliares que deberían tener un uso residencial.
Los inspectores de las consellerias de Vivienda y de Turismo también tratarán de determinar quién ha retirado de las fachadas de los dos edificios las placas oficiales del Govern que los identificaban como VPO. Vecinos denunciaron a este diario que la desaparición de los dos carteles el pasado octubre coincidió con el inicio del trasiego de turistas en los apartamentos.
La normativa prevé sanciones de entre 1.500 y 6.000 euros por cada infracción que se detecte. Las multas son más cuantiosas en la nueva ley de vivienda que está tramitando el Parlament y que espera aprobar en breve.
El artículo 50 de la reforma del alquiler turístico que ha diseñado el Govern deja claro que "no se puede comercializar turísticamente ningún tipo de vivienda residencial sometida o que haya estado sometida al régimen de protección oficial o a precio tasado".
La semana pasada Turismo envió a un inspector a uno de los pisos protegidos de sa Gerreria respondiendo al aviso de un vecino que denunció actividad turística en el edificio. Sin embargo, el técnico no llegó a abrir expediente porque nadie le abrió la puerta.
Trabajadores de la oficina de la calle Can Salat informaban sobre precios, disponibilidad y método de pago a quien se interesara por pernoctar en alguno de los pisos sociales que ofertaban en internet. Y lo hacían con el consentimiento de al menos la directora de Operaciones de Ayco, Alba Barrena.
Esta ejecutiva trabajó en el Banco Mare Nostrum (BMN) cuando esta entidad traspasó al 'Banco Malo' todos los pisos, locales y aparcamientos que construyó s'Estel Nou en sa Gerreria que no habían sido vendidos o alquilados en lo peor de la crisis.
Barrena coincidió en BMN con Francisco García Beato, presidente de Ayco y representante legal de Agopoli, la empresa propietaria de los bloques protegidos y de otros inmuebles del barrio.
