La expresidenta del Parlament Xelo Huertas y un grupo de fieles que están fuera o medio fuera de Podemos negaron ayer ante la jueza Irene Partida haber amenazado, coaccionado o presionado a esa fuerza política para que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma no se eliminase la partida para el laboratorio de Daniel Bachiller, un científico afín a la primera. Huertas afirmó que en el otoño del año pasado en Podemos le tenían "ganas" porque corría el rumor "de que quería ser secretaria general" (y desbancar a Alberto Jarabo), y "lo de Bachiller fue una simple excusa como podía haber sido otra", sostuvo.

La hoy diputada en el grupo mixto, representada por Francisco García-Mon, presentó una demanda contra Podemos para anular su expulsión y conseguir recuperar su condición de militante, una solicitud llamativa dadas las distancias siderales que le separan de la fuerza morada. Ayer tuvo lugar la vista de esa demanda, a la que se opone Podemos, defendido por Aina Díaz.

Según Podemos, Huertas, la también diputada en el grupo mixto, Montserrat Seijas, y Daniel Bachiller fueron expulsados por incumplir el código ético al amenazar las dos primeras con votar en contra de los presupuestos si no se garantizaba del tercero en Caubet. Estas coacciones, viniendo de dos cargos públicos, fueron interpretadas como un desacato a la asamblea ciudadana (las bases) que sí acabaron apoyando los presupuestos.

Podemos aportó en la vista oral como pruebas las conversaciones de un chat interno del consejo ciudadano (la ejecutiva) del que formaban parte Huertas, Seijas, Bachiller y aproximadamente otras 20 personas. La jueza tendrá que esclarecer qué ocurrió en el seno del joven partido entre los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del año pasado, cuando estalló la crisis por el caso Bachiller.

También se produjo el día 31 una reunión de ese consejo ciudadano, pero las versiones sobre el contenido de ese encuentro difieren entre Huertas y sus seguidores y la línea oficial.

Si hemos de creer a Huertas, Bachiller y varios testigos más sus intervenciones en el chat no fueron para chantajear a Podemos con arreglar el problema laboral del científico, que se veía trabajando fuera de Balears si eliminaban la partida, sino para reclamar que se cumpliera un punto de los acuerdos de gobierno del Pacto sobre la investigación.

Huertas negó varias veces ante el tribunal haber "amenazado con desoír a ningún órgano del partido" y enmarcó sus intervenciones en el foro como "una solicitud para abrir un debate para cambiar el modelo productivo sobre i+d+i, contratar más investigadores, abrir más laboratorios y no cerrar un laboratorio que es el primero de investigación de España y el quinto de Europa".

La expresidenta del Parlament y sus acólitos acusaron ayer a Alberto Jarabo de dar su sí a los presupuestos al margen del consejo ciudadano e incumpliendo algunos puntos fundamentales de los acuerdos de gobierno del Pacto.

Aina Díaz le leyó a la demandante una de sus frases textuales del chat: "Voy a votar en contra de los presupuestos si no se resuelve el problema de dejar sin trabajo al señor Bachiller".

Huertas ante la contundencia de sus palabras, matizó ayer que fue "una manera informal" de expresarse y resaltó que "el señor Bachiller es funcionario de carrera y los funcionarios nunca pierden el trabajo".

"Me preocupaban los intereses generales de los ciudadanos, dado que el Govern cobra dinero de las patentes de ese laboratorio y el laboratorio beneficia al Govern y a todos los ciudadanos", apostilló la política.Suplir a Jarabo

La demandante aseguró que cuando en la reunión del comité ciudadano se aprobó que interviniera el departamento legal de Podemos (la abogada Aina Díaz) para solucionar el problema de Bachiller dio por zanjada la crisis. Su sorpresa fue mayúscula al enterarse al cabo de unos días por una periodista de que el partido le había abierto un expediente por una falta muy grave.

Xelo Huertas vinculó ese expediente disciplinario a "las ganas" que le tenían en Podemos por sonar como postulante a secretaria general y suplir a Alberto Jarabo, cargo al que dijo que nunca aspiró. "Lo de Bachiller fue una excusa para echarme, como podía haber sido otra", zanjó.

Por el contrario Alejandro López Soria, el joven secretario de organización de Podemos, relató a la magistrada la versión oficial: Huertas y Seijas presionaron con sus escaños si no se solucionaba el problema laboral personal "del compañero Bachiller"y con eso incumplieron el código ético interno al oponerse a las decisiones de la asamblea ciudadana.

De acuerdo con López Soria, "Bachiller, si no se renovaba el convenio (con el Govern) perdía su laboratorio, que usaba para él solo y su equipo y tenía, como ha pasado, que compartir otro laboratorio".

"Es una aberración poner por encima de los presupuestos de la Comunidad Autónoma el problema de un compañero y por eso lo puse en conocimiento del secretario de organización estatal", declaró el testigo.

López añadió que las presiones de las expulsadas se repitieron otros días en el chat y en conversaciones telefónicas o en persona. "Le advertí a Huertas que eso era motivo de expulsión y me contestó: 'Puedes mandar el correo de mi expulsión, me voy al grupo mixto a cobrar más'".

La vista oral empezó sobre las diez de la mañana y acabó pasadas las cuatro y media de la tarde. La representante de la fiscalía también se opuso a la demanda de Huertas.