La portavoz del Govern, Pilar Costa, discrepó ayer de las conclusiones a las que ha llegado un informe realizado en la UIB, según el cual el boom del alquiler turístico que se ha producido en las últimas temporadas no ha ocasionado un encarecimiento generalizado de la vivienda. Tras el Consell de Govern, Costa aseguró a los medios que resulta evidente que la proliferación de este tipo de alquiler "tiene una repercusión" en el precio de la vivienda.
"Después, cada especialista podrá poner el acento en si influye más o menos", manifestó la portavoz del Ejecutivo autonómico, sin ánimo de polemizar demasiado con el estudio presentado esta semana por dos profesores de Economía de la UIB.
Costa incidió en la "complejidad" de un fenómeno como el alquiler vacacional y puso de manifiesto los esfuerzos del Govern para "controlarlo" con medidas como el proyecto de ley que fue aprobado el mes pasado para regularlo.
Precisamente, ayer, se dio a conocer un nuevo informe sobre el alquiler vacacional, que ha concluido que el alquiler vacacional genera cada año 283 millones de euros en la Serra de Tramuntana, de los cuales 150 millones proceden del turismo ciclista. Así lo explicó el CEO del Foro Vacacional, Jaun Estarellas, en una rueda de prensa en la que ha explicado que estas cifras proceden de un estudio realizado con datos de los principales portales de alquiler.
Embarcaciones de recreo
Por otro lado, el Consell de Govern de ayer aprobó el decreto por el cual se regula la actividad de alquiler barcos de recreo, que son aquellas embarcaciones que se alquilan, con o sin tripulación, durante días o semanas.
El conseller Marc Pons destacó la importancia de regular este sector "en expansión". Lo demuestra este dato: en el último lustro, el número de embarcaciones autorizadas para esta actividad ha pasado de 1.199 a 2.463.
El nuevo decreto establece una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos como paso previo al ejercicio de la actividad.
También se crea un registro de acceso público en el que se incluirán los datos básicos de los arrendadores de embarcaciones, lo que, según el Govern, ayudará al control efectivo de la actividad y a dar una mayor garantía.
