La fiscalía arrebató al Govern el pasado 4 de abril la capacidad para resolver la crisis de los contratos a dedo de Més. Y ni las dimisiones, ni las explicaciones parlamentarias dadas con llantos incluidos, ni las promesas de transparencia, ni tampoco el nombramiento de Fanny Tur como nueva consellera de Cultura han devuelto hasta ahora la iniciativa a un Ejecutivo que parece no calibrar todavía lo que se avecina.
Y lo que sucede es que anticorrupción manda, marca la pauta y amenaza con empezar a citar ya a testigos e imputados, si los hubiera, y a tomar decisiones al respecto como acostumbra, sin previo aviso y sin contemplaciones. La sensación de inestabilidad se detecta desde fuera. Nadie quiere sumarse al proyecto del pacto como director general y cerrar así el equipo de altos cargos de Cultura, lo que dificulta aún más el equilibrio de fuerzas al que tiene que someterse el Consolat cada vez que quiere avanzar un milímetro. El atractivo gobierno del cambio ya no resulta tan seductor como hace dos años a tenor de las negativas acumuladas. Mientras tanto, Armengol actúa como si nada ocurriera, como si una coraza la protegiera de los errores de sus socios de gobierno, sin tener en cuenta que el Ejecutivo parece ahora un barco en rumbo de colisión contra un iceberg demasiado peligroso: el de la inestabilidad permanente, el conocido vía crucis del investigado, pues el resultado de las diligencias policiales puede dar inicio a un rosario de actuaciones que no solo afectarían a los dirigentes de Més implicados en las adjudicaciones a Jaume Garau, sino a la propia gestión del Govern del pacto.
Més puede estar eternamente agradecido a su gurú electoral. En el currículo del asesor y al lado de la campaña electoral más exitosa para la formación nacionalista, es de justicia añadirle la más eficaz campaña de desprestigio. Eso sí, con la inestimable colaboración de los altos cargos de la formación en el Govern y Cort.
