El Govern balear reclamará 153.322 euros al PP de la subvención electoral que recibió para la campaña de 2007. El Ejecutivo autonómico se basa en un informe de la Sindicatura de Cuentas del pasado diciembre que dictaminó que los populares habían cobrado esa cantidad de manera indebida. Fue el acuerdo más destacado alcanzado ayer por el Consell de Govern, que iniciará la revisión de oficio de aquella ayuda para que sea reintegrada a la tesorería pública.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, recordó que la Sindicatura de Cuentas actuó a instancias del Parlament balear, que el pasado marzo le encargó un informe de fiscalización de la contabilidad del PP al calor de las sentencias judiciales del caso Scala y del juicio que se siguió contra Fernando Areal, por entonces cuñado de Jaume Matas y administrador general del PP. Ambas sentencias confirmaron una contabilidad ´b´ del PP balear.

En un informe de 2007 la propia Sindicatura de Cuentas había dado por buenos los números de la formación conservadora, pero esta institución considera ahora que "si estas incidencias [las irregularidades probadas judicialmente] se hubiesen puesto de manifiesto en el momento de elaborar el informe de 2007, habría dado lugar a una propuesta de reducción de la subvención a percibir por un importe mínimo de 153.322,44 euros".

El Consell de Govern también ha puesto el foco sobre los números del PP en la campaña de 2003, que en la sentencia contra Fernando Areal también fueron declarados objeto de delito.

Costa informó de que aquellos hechos han prescrito penalmente, pero no administrativamente. Por tanto, el Govern solicitará al Parlament que pida un informe a la Sindicatura de Cuentas para que fiscalice la contabilidad de aquella campaña.

Areal fue condenado a una pena de un año y medio de cárcel como "autor responsable de un delito electoral". En la sentencia se declaró probado que el cuñado de Matas entregó 71.000 euros en "dinero negro" al dueño de Nimbus, Miguel Ángel Romero, en la propia sede del PP.

Una vez iniciada la revisión de las cuentas, el Govern pedirá un dictamen del Consell Consultiu.