La conselleria de Trabajo que dirige Iago Negueruela ha puesto el foco sobre las trabajadoras de la limpieza, uno de los sectores que "más ha sufrido" el impacto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano de Rajoy en 2012. Hay "un antes y un después" en las condiciones de estas trabajadoras porque ha permitido que se abra una brecha entre las limpiadoras sujetas al convenio colectivo sectorial y las que dependen del convenio de empresa. Estas últimas cobran un 20,3 por ciento menos, según un estudio encargado por la propia conselleria.
El informe constata que la reforma laboral tuvo como primer efecto que muchas empresas de limpieza se descolgaran del convenio sectorial para pasarse a los de empresa. A día de hoy son trece los negocios que han dado ese paso al abrigo de la normativa estatal, "precarizando las condiciones de las trabajadoras", en palabras de Negueruela.
"Hemos escogido a las empresas de limpieza para realizar el estudio porque es una actividad muy feminizada. Casi el 73% de las trabajadoras son mujeres. Además, han basado su competitividad en la devaluación salarial; es decir, en base a precarizar. Muchas empresas se han hecho más competitivas devaluando las condiciones de trabajo", afirmó el conseller, que afirmó que la reforma laboral "se ha cebado" sobre este sector.
A día de hoy el convenio colectivo establece un salario de 945 euros frente a los 753 que rige en el de empresa -muy cerca de los 707 euros que marca el Salario Mínimo Interprofesional-. En suma, hay una diferencia de 191 euros mensuales entre las limpiadoras de uno y otro convenio.
Cuando se aprobó la reforma laboral en 2012 solo una empresa de limpieza aplicaba el convenio de empresa. Al año de aprobarse esta normativa, en 2013, ya eran nueve las empresas que se habían descolgado de los convenios colectivos sectoriales. Este año son trece. Es decir, 1.133 trabajadoras dependen de los convenios de empresa, un 12,7 por ciento del total.
"Las empresas de limpieza que más devalúan las condiciones laborales se sitúan en una posición más competitiva.Creemos que hay que denunciar estas situaciones y exigir al Gobierno que ponga fin a la reforma laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, impidiendo trasladar la mejoría económica a los salarios", indicó Negueruela, que recordó que el Govern trata de combatir "los efectos perniciosos" de la normativa del Gobierno de Rajoy exigiendo la aplicación de una serie de cláusulas sociales a las empresas que contraten con la Administración.
La directora general de Trabajo, Isabel Castro, puso el acento en otros indicadores que, según el estudio, inciden en la "precarización" del sector. Según Castro, la mayoría de los convenios de empresa "han eliminado la negociación colectiva". Además, "se han abolido los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad" y en muchos casos "se han eliminado los pluses de antiguedad".
"No es justificable que haya convenios tan precarios. Las empresas que precarizan deberían estar fuera de nuestro sistema; no deberían existir las empresas que se permitan devaluar los salarios más de un veinte por ciento", concluyó Negueruela.
